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Aborto legal: ¿Cómo se instrumenta en Entre Ríos desde la aprobación de la ley?

Se realizó un encuentro organizado por UNFPA, CEDES y "Proyecto mirar", en donde se analizó la actualidad en Entre Ríos respecto a la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Participaron activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, promotoras territoriales y periodistas, entre ellas dos uruguayenses. Las estadísticas que se presentaron indican que durante 2021 se efectuaron 1.643 abortos en todo el sistema público de salud provincial.

 

Por CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES DIGITAL

La aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre de 2020 significó una conquista histórica para los feminismos, luego de años de activismo por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. Pero también se constituyó un nuevo punto de partida de lucha por su correcta implementación. Muchos de estos aspectos fueron los ejes del encuentro provincial Construyendo una nueva agenda. Diálogos para fortalecer la plena implementación de la Ley 27.610 sobre Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto, organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y proyecto mirar. Entre Ríos fue la tercera y última sede del ciclo de encuentros provinciales que ya tuvieron lugar en Neuquén y Jujuy.

Con la ciudad de Paraná como sede del encuentro, participaron activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, promotoras territoriales y periodistas, quienes hicieron un diagnóstico colectivo sobre la implementación de la política pública en torno al aborto a nivel provincial. Entre ellas participaron las uruguayenses Andrea Sosa Alfonzo, directora de la revista Riberas de la UNER, y la autora de esta nota.

Se analizaron las fortalezas y obstáculos en la aplicación del marco normativo con el fin de mejorar la calidad de atención integral. Además, se pensaron estrategias comunicacionales para coberturas periodísticas de las temáticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y derechos con enfoque intercultural e interseccional.

Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES e integrante del proyecto mirar, remarcó: “La agenda de la IVE todavía está en construcción ¿De qué se trata construir agenda pública una vez que ya se tiene aprobada la ley? La información es estratégica para tomar decisiones en la política pública. Nos orienta respecto de la magnitud y localización de los problemas, sobre las inequidades existentes, y sobre los resultados de las acciones. Es una brújula para el quehacer de quienes tienen responsabilidades para decidir intervenciones y asignar recursos humanos y financieros para implementarlas”.

El acceso al aborto en Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos, durante 2021 se efectuaron 1.643 abortos en todo el sistema público de salud, de acuerdo a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSYR), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y sistematizados por el proyecto mirar. Durante ese mismo período, la tasa de ILE/IVE -que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada mil mujeres en edad fértil- fue de 4,7. A su vez, en la provincia hay 41 servicios de salud públicos que garantizan el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; mientras que en el último año se distribuyeron 2.201 tratamientos de misoprostol.

La obstétrica Carolina Comaleras, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y trabajadora del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, destacó que la atención de la IVE e ILE en la provincia “viene siendo desde hace algunos años un construcción colectiva, compleja y creciente”, entre profesionales y organizaciones de la sociedad civil, que se fortaleció con la sanción de la Ley 27.610. “Se ha conformado una red de profesionales de la salud, médicas y médicos, obstétricas, trabajadoras sociales, psicólogas y enfermeras y enfermeros de distintos territorios de la provincia, facilitando así la articulación para garantizar el acceso a IVE/ILE”, agregó.

La profesional de la salud también remarcó la urgente necesidad de que se reconozcan, a nivel nacional, la ampliación de competencias de las obstétricas en la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las personas, incluyendo el acceso y atención de IVE/ILE. “Somos el recurso profesional capacitado presente históricamente en el primer nivel de atención, definido como la puerta de acceso a la salud en las comunidades, y en ese contexto garantizamos prestaciones que tienen respaldo científico desde hace décadas para facilitar y mejorar el acceso a la salud integral de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Irónicamente, no nos reconocen estas competencias pero una vez que se aprobó la IVE, es a nosotras a quienes nos llaman para hacer capacitaciones sobre el tema”, manifestó.

Pensar una comunicación estratégica

Entre los números que se presentaron, se observó un exponencial crecimiento en todo el país de llamados al 0800-222-3444, una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial del Ministerio de Salud de la Nación, que brinda información de forma integral. Desde el año 2018, el aborto es el principal tema de consultas, en especial para solicitar información sobre dónde se puede abortar. Durante el encuentro se coincidió que una de las principales falencias desde los estados provinciales es la falta de una política comunicacional estratégica para informar a la población sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

El rol de los medios de comunicación también es un punto clave en ese sentido. La periodista Sandra Miguez expresó: “Este encuentro ha sido sumamente propicio para articular alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, comunicadoras y comunicadores. Para coordinar que aquellos temas que vinculan los derechos sexuales y reproductivos y también lo que son las nuevas leyes, como la ley de IVE e ILE, sean accesibles, haya una correcta difusión y un tratamiento respetuoso en los medios de comunicación”.

 

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