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CONTRA EL 2 X 1

Repudio al fallo de la Corte Suprema con un acto en la plaza principal de Concepción del Uruguay

Después de las 20 se realizó en la plaza Ramírez un acto en repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que permite la aplicación del beneficio “2×1” a un genocida. Se leyó un documento consensuado entre sindicatos, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y sociales.

Organismos de Derechos Humanos en el país se expresaron al respecto con diferentes actos a lo largo y ancho del país.

El documento leído repudió el fallo y denunció complicidad del Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y los grandes medios de comunicación.

Aproximadamente unas 200 personas se dieron cita a la convocatoria.

El texto leído al pié de la pirámide dice lo siguiente:

Declaración de los organismos de DDHH de Entre Ríos ante un nuevo atropello a favor de la impunidad

Los organismos de derechos humanos de Entre Ríos manifestamos nuestra indignación y repudio ante el más reciente embate de la corporación judicial y política en contra de las conquistas en materia de derechos humanos de los últimos años: el fallo de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera aplicable la ley del 2 x 1 para los condenados por delitos de lesa humanidad.

Este veredicto del máximo tribunal de nuestro país se suma a otras decisiones de un sector del Poder Judicial que venimos denunciando y que adquirieron mayor fuerza desde que el 10 de diciembre de 2015 la alianza Cambiemos asumió la conducción del Estado nacional, como son las prisiones domiciliarias a los represores, la extrema dilación de las causas y fallos que retoman la teoría de los dos demonios y aplican penas bajísimas a los acusados como los del juez Federal de Paraná Leandro Ríos, entre otros beneficios para los autores de estos crímenes aberrantes.

Estos fallos persiguen un claro objetivo, que es lograr la liberación de los genocidas y, con ello, consagrar la impunidad. Se inscriben en un cambio de paradigma que el gobierno nacional y sus aliados judiciales, mediáticos, religiosos y empresariales pretenden implementar a través de múltiples estrategias. Así, por un lado vacían programas de apoyo a las investigaciones o instruyen a abogados del Estado para no apelar fallos y no presentarse como querellantes, y por otro lado atacan a los y las principales referentes de los organismos de derechos humanos, cuestionan la legitimidad de nuestras luchas, habilitan el accionar de los grupos que reivindican el terrorismo de Estado, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos y niegan el genocidio.

Como expresamos el último 24 de marzo, esta embestida en el plano simbólico persigue el fin de lograr el consenso necesario para ejecutar la represión con la que en estos días buscan doblegar la resistencia popular a las medidas económicas de hoy, el mismo plan económico de Martínez de Hoz. Es, a su vez, una demostración más de que la complicidad civil que sostuvo al genocidio sigue vigente y funcionando en la actualidad.
Tampoco es causal que pocos días antes de este fallo, la cúpula de la Iglesia Católica haya convocado a la “reconciliación” y “pacificación”, sin haber brindado información sobre el destino de los desaparecidos ni haber hecho una autocrítica sobre su rol durante la dictadura. Vuelve así la Iglesia a desempeñar un papel cómplice del terrorismo de Estado.

En esta ocasión, el golpe es de una gravedad inédita, ya que proviene del máximo órgano judicial de la Nación. Hoy, el fallo de la Corte –con los votos de Elena Highton de Nolasco y los jueces que Macri pretendió nombrar por decreto Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti– le abre la rejas a los genocidas. Los asesinos, torturadores, apropiadores de bebés y desaparecedores de nuestros compañeros y compañeras podrán volver a caminar por las mismas calles que los sobrevivientes y nuestras Madres, Abuelas, Hijos y Familiares.

Y esto es exactamente lo que puede suceder en nuestra provincia, donde la mayoría de los genocidas que han sido condenados podrán volver a quedar en libertad más temprano que tarde.

Para hacer esto posible la Corte resolvió en contra de lo que hasta ahora era jurisprudencia indiscutida, haciendo uso de una ley derogada hace años, ignorando que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los hermanos y hermanas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desconocer.

Ante esta situación, los organismos de derechos humanos de Entre Ríos convocamos a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de impunidad, a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelvan a reinar en la Argentina el oscurantismo y la injusticia.

La impunidad sólo genera más impunidad.
30.000 compañeros desaparecidos, ¡presentes, ahora y siempre

Fotos: MARIO ROVINA

 

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