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Advierten sobre problemas estructurales para las elecciones en Entre Ríos

Por cuestiones "logísticas" advierten que habrá problemas para que se vote-en caso de desdoblar- con tan sólo 28 días de diferencia entre elección y elección. Si se separan los comicios provinciales de los nacionales podrían haber cinco elecciones en el suelo entrerriano si llegase al balotage.

Por FEDERICO MALVASIO (PÁGINA POLÍTICA)

El 9 de marzo, cuando Pablo Bizai publicó en Página Política las dudas en torno a la posibilidad de desdoblar las elecciones en Entre Ríos, se prendieron luces de alerta. Eso se hubiese evitado si los actores de la política y la justicia electoral mantenían un diálogo que, aparentemente, no ocurrió. Ahora están todos en problemas: la Justicia y la política.

El problema comienza con la aprobación de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo que llevó las elecciones provinciales, del segundo domingo de junio al domingo 24 de septiembre. Es decir a sólo 28 días de las elecciones nacionales del 22 de octubre.

La norma se aprobó con el acompañamiento de todos los legisladores que apoyan la candidatura de Rogelio Frigerio. Se promulgó y así se levantaron las copas de fin de año.

Ahora sucede que la Justicia Electoral advierte que no sería posible, logísticamente, adelantar las elecciones en Entre Ríos con el cronograma vigente. Votar antes es lo que pretende Juntos por el Cambio, en rigor el ex ministro del Interior, por las internas a nivel nacional; y lo que pretendía el oficialismo hace unos meses.

Este martes se llevó a cabo una reunión del Tribunal Electoral con autoridades provinciales. Estuvieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y titular del Tribunal Electoral de Entre Ríos, Susana Medina; la vicegobernadora, Laura Stratta; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, también vocal integrante del Tribunal; el secretario general del organismo electoral, Lisandro Minigutti; y su prosecretaria, María Victoria Segado.

Del cónclave la única información que surgió es que a partir del 5 de mayo, según la acordada de la Cámara Nacional Electoral, se dará a conocer el Padrón Electoral Provisorio. Casi un pie de foto para la imagen que se divulgó.

 

Alarma
Las elecciones provinciales corren por cuenta del Tribunal Electoral provincial, que es quien tiene competencia en el proceso de renovación de las autoridades provinciales, municipales y comunales. Las elecciones provinciales, desde el año ‘83 a la fecha, se realizaron con el apoyo de la Justicia Federal/Electoral, cuya autoridad en la provincia la tiene el juez Leandro Ríos. Esto es estructura y recurso humano especializado.

La novedad de este año con los casos anteriores es que la distancia entre la elección provincial (si se adelanta) y la nacional es de 28 días.

En caso de desdoblarse, decisión que tiene que tomar el gobernador Gustavo Botdet antes del 27 de abril, aparece un interrogante: ¿la Justicia Federal/Electoral prestará servicios al Tribunal Electoral de Entre Ríos?

El organismo provincial carece de estructura y personal para llevar adelante el proceso. Tiene un esquema de 20 personas cuando se requieren por lo menos 60, con una capacitación especial. Es lo que aporta la jurisdicción nacional que, para cada elección, también supone contrataciones de personal extra.

En caso que la provincia realice los aportes para el recurso humano que Nación se niegue a dar, el tiempo para capacitar es de descuento, reconstruyó Página Política de fuentes que conocen el paño.

Se trata de cortar un padrón y distribuirlo en 3.262 mesas habilitadas en 570 escuelas, si se toma como referencia la elección de 2019, que fue desdoblada. Antes el organismo provincial debe oficializar listas y candidatos.

El posible cronograma es el siguiente: 30 de julio PASO provinciales; 13 de agosto PASO nacionales; 24 de septiembre generales provinciales; 22 de octubre generales nacionales. En caso de ballotage, se realizaría dentro de los 30 días de realizada la elección general.

La ley aprobada por la Legislatura, es evidente, complejiza el panorama. ¿Consultó la política a quienes llevan el proceso electoral si la ley propuesta era factible? No se sabe. ¿Advirtieron las autoridades electorales ante la inminente aprobación de la norma? Tampoco se sabe.

Resulta insólito que en la provincia del consenso se esté ante semejante enredo, más aún ante un horizonte político en donde la única coincidencia es que quien se imponga en las urnas no lo hará por un porcentaje abultado.

 

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