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El jury y el juicio político no son instancias ni procesos similares. (Foto: El Miércoles Digital)

Avanza la idea de que el Procurador Amilcar García esté sujeto al jury

Tres integrantes del Superior Tribunal de Justicia se manifestaron a favor de que Jorge García quede sujeto al Jurado de Enjuiciamiento y no al juicio político. Entre el STJ y la Procuración General existen recelos desde hace tiempo. El Colegio de Abogados de Entre Ríos también hizo su aporte sobre el tema. Hay un vacío constitucional que habrá que enmendar.

 

Federico Malvasio de Página Judicial

 

En la Cámara de Diputados se avanza en la reglamentación del Jurado de Enjuiciamiento. Se trata de un instituto constitucional encargado de analizar la conducta de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo. El jury, como se lo conoce, sólo se encarga de ratificar o destituir del cargo al acusado.

 

Lo cierto es que parece haber llegado el momento, después de siete años de abulia en la Legislatura. Desde que se sancionó la Constitución, en 2008, a la fecha no fue prioridad de la Legislatura reglamentar los principales institutos. Esto ha traído algunos inconvenientes. La designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas es un ejemplo elocuente. El procedimiento terminó en la Justicia. Sin resolver también.

Un proyecto sobre el Jurado de Enjuiciamiento fue archivado para avanzar con un texto único, fruto de la unificación de dos iniciativas en la Cámara de Diputados redactadas en el seno del Frente para la Victoria: una de Diego Lara y la otra de Rosario Romero.

Uno de los puntos trascendentes en la reglamentación es la incorporación de nuevas formas de participación ciudadana. Esto está visto como un paso más en la idea de comprometer aún más a la sociedad civil en la administración del Estado. La participación de la sociedad civil es una de las principales deudas que se saldarían de acuerdo a lo que manda la Constitución. No está definido cuál será el procedimiento de elección, adelantó Romero a Página Judicial.

El texto que se encamina a transformarse en un dictamen para ser tratado en Diputados prevé la siguiente integración: tres miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un diputado y un senador (en la actualidad sólo se habla de dos legisladores, ahora se especifica) y cuatro abogados inscriptos en la matrícula de la provincia (dos serán designados por las organizaciones sociales en representación ciudadana).

 

EL PROCURADOR

Otras de las reformas al instituto es la incorporación de nuevos funcionarios que quedarían sujetos al jury. Además de los magistrados que están por debajo del STJ, el Fiscal de Estado, el Contador General, el Tesorero General de la provincia y los miembros del Tribunal de Cuentas; se pretende sumar a un grupo de integrantes del Poder Ejecutivo y al titular del Ministerio Público Fiscal. La incorporación de este último es posible que termine siendo materia de interpretación de la Constitución. Cuando se le dio rango constitucional al Ministerio Público Fiscal, se creó al mismo tiempo la figura del Procurador. Hubo un olvido, ese nuevo funcionario no fue incorporado explícitamente ni al jury ni al juicio político. La carta magna, en su artículo 201, dice: “Los representantes del Ministerio Fiscal y Ministerio Pupilar en todas las instancias, quedarán equiparados a los miembros del Poder Judicial y en cuanto a las garantías establecidas en su favor en cuanto a las obligaciones especiales que les impone esta Constitución no pudiendo ser removidos sino por el Jurado de Enjuiciamiento, en la forma prevista en la misma”. ¿Alcanza al titular del cuerpo o sólo a los fiscales?

 

El jury y el juicio político no son instancias ni procesos similares. En el caso del primero, la integración cuenta con una preeminencia de vocales del STJ y abogados, mientras que en el segundo es la Cámara de Diputados quien acusa y el Senado el cuerpo que juzga. Otra diferencia no menor es que el juicio político tiene causales establecidas, no así el jury.

 

Que Jorge Amílcar Luciano García quede comprendido en el jury no es un interés de Lara ni de Romero, pero sí de los integrantes del STJ y del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en la voz de su presidente, Enrique Martínez. Estos posicionamientos se pusieron sobre la mesa en una reunión que se realizó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Del alto cuerpo participaron Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Emilio Castrillón, quienes se encargaron de dejar en claro que sus opiniones eran a título personal.

 

En los pasillos de tribunales es vox pópuli el enfrentamiento que existe entre sectores del STJ y la Procuración. La disputa viene desde el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, donde el proceso quedó prácticamente en manos de los fiscales. Con el nuevo sistema, García pasó a ser el funcionario judicial con más atribuciones, por ejemplo, en un proceso penal. Las creaciones de las cámaras en lo Contensioso Administrativo y de Casación Penal limitaron también el poder de los vocales.

El enfrentamiento entre integrantes del STJ y García llegó a un punto en que se ha visto, en algunos casos, hasta empañado el mismo servicio de Justicia. Hay mucha tela para cortar sobre este asunto, pero es otro capítulo de esta historia.

 

 

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