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SUPUESTAS MANIOBRAS FRAUDULENTAS

Causa coimas en el Puerto: el fiscal de Estado se centró en "el probable perjuicio ocasionado a Entre Ríos" por la empresa

El titular de la Fiscalía de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, había quedado mencionado en la denuncia por supuestas coimas y maniobras fraudulentas en la estación fluvial uruguayense. El funcionario, sin aludir a los dichos que lo involucran, salió a dar detalles de la empresa, de su “pésimo servicio” y remarcó que estudia “el probable perjuicio ocasionado a Entre Ríos” por TPCU.

 

REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES

 

El titular de la Fiscalía de Estado apuntó contra la empresa TPCU (Terminal Puerto Concepción del Uruguay), tras la presentación mediática y judicial realizada por Uriburu. En esta que se involucra al administrador del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Eapcu), Carlos María Scelzi (nieto), al ex titular del Instituto Provincial Provincial y ex funcionario nacional  Leonardo Cabrera, y el ex juez laboral Eduardo Flores, en la que incluso mencionó a Rodríguez Signes.

Así salió al cruce de las noticias el fiscal, luego de que el escándalo por la denuncia del empresario llegara incluso a la TV porteña , y que en las últimas horas se conoció que ya se habían tomado medidas judiciales y sumariales desde la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

En la presentación judicial, el empresario José Uriburu asegura que le advirtieron que Rodríguez Signes había “presentado una empresa fantasma para quedarse con el puerto’. El funcionario, que fue nombrado en la Fiscalía en 2007 por Sergio Urribarri y que en 2022 asumió también como vocal del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, no se pronunció al respecto.

Sin embargo, a través de un comunicado enviado a Análisis Digital, se centró en puntualizar que “TPCU es la empresa a cargo del depósito fiscal con asiento en Concepción del Uruguay. Su actual titular es el señor José Félix Uriburu”. “Los depósitos fiscales son lugares operativos que habilita la Dirección General de Aduanas para la realización de tareas inherentes al almacenamiento de mercaderías bajo control de servicio aduanero”, detalló y advertir sobre “el probable perjuicio ocasionado a la Provincia de Entre Ríos”, y las “vías para su reparación”.

Agregó el fiscal: “El inmueble donde funciona TPCU pertenece al Dominio Público de la provincia de Entre Ríos. Forma parte del puerto de Concepción del Uruguay, administrado por el Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay. En particular, el EAPCU otorgó a GTPCU un permiso de uso oneroso para que funcione como depósito fiscal. Es decir que TPCU, habilitada por Aduana, opera en un inmueble que es propiedad del dominio público de la Provincia de Entre Ríos”.

“La empresa TPCU viene registrando inconvenientes desde hace un tiempo. En una ocasión un administrador estuvo sometido a proceso penal por la presunta comisión de delitos federales”. Rodríguez Signes menciona un hecho en el que Uriburu no tuvo que ver, sino que el protagonista fue Augusto Carlos Amirante, un directivo de una anterior etapa de la empresa  “Posteriormente, sus empleados demandaron a la empresa por conflictos laborales y finalmente TPCU quebró, atento a la insolvencia para responder por los pasivos contraídos. El predio quedó clausurado e incluso con bienes y herramientas de terceros”, informó además.

Y sumó: “Para la Fiscalía de Estado de la Provincia el asunto reviste importancia desde diferentes puntos de vista: en primer lugar, el inmueble donde funciona la empresa quebrada, pertenece al Estado provincial, por lo que es muy probable que la empresa TPCU, hoy en quiebra, sea deudora del Estado provincial, lo cual se encuentra bajo análisis. Además, en oportunidad de concretarse medidas cautelares para asegurar el pago de las deudas laborales que registraba la empresa, se clausuró el lugar y fueron secuestrados vehículos y otros bienes de productores entrerrianos que se encontraban operando circunstancialmente en el lugar, lo que motivó el reclamo correspondiente, atento a que si bien TPCU es una empresa privada, funcionaba en un inmueble del Estado Provincial. Finalmente, y quizá lo más importante, es que a partir de la quiebra y la inhabilitación de TPCU para operar como depósito fiscal, nuestros productores y operadores de comercio de exterior, especialmente los que cargan contenedores, tienen que realizar sus trámites en Campana o Buenos Aires, lo cual causa enormes perjuicios”.

“El señor Uriburu dice haber formulado una denuncia penal en Concepción del Uruguay, a lo que se dará el trámite correspondiente. En cuanto a la Fiscalía de Estado compete, analizamos el probable perjuicio ocasionado a la provincia de Entre Ríos, así como las vías para su reparación. Asimismo gestionamos la liberación del predio para que las empresas entrerrianas puedan realizar sus operaciones de comercio exterior aunque sea provisoriamente hasta regularizar la situación del depósito fiscal en la Provincia de Entre Ríos”, reveló.

Y completó al respecto: “La Comisión de Industria Arrocera del Centro Económico de San Salvador, pidió reiteradamente la intervención de la Provincia en el caso dado el pésimo servicio que prestaba la empresa. Además, equipos de algunos arroceros, especialmente de Marcos Smukler, quedaron dentro del depósito, secuestrados en la medida judicial”.

Foto: Fiscal Rodíguez Signes (Prensa de Entre Ríos).

 

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