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Cosetruchas: El abogado denunciante dijo que es mentira que la Provincia cobró el seguro como lo señaló Schunk

La defensa técnica del ex ministro de la Producción, Roberto Schunk, en la causa por las cosechadoras truchas, había informado que “el último día hábil antes de la feria judicial de invierno, la provincia cobró el 100 por ciento de los seguros de caución” que la empresa Senor había comprometido. Por su parte el abogado Guillermo Mulet, que lleva adelante la denuncia, aseguró que la defensa que presentó el ex funcionario “es una estrategia defensiva. Es un manotazo de ahogado del ex ministro”.

El ex ministro de la Producción, Roberto Schunk, cuestionado por su labor en la función pública.
El ex ministro de la Producción, Roberto Schunk, cuestionado por su labor en la función pública.

“De ninguna manera se puede hablar de estafa y mucho menos que los funcionarios intervinientes obraron con liviandad en el momento del otorgamiento del crédito”, sostuvo Emilio Fouces en declaraciones a Análisis Digital. En el mismo sentido remarcó que “no se ha causado ningún perjuicio económico al erario provincial”, y adelantó que “una vez reiniciada la actividad del Poder Judicial” se presentará ante el Juzgado para plantear este nuevo hecho.

La causa por las cosechadoras truchas de Concepción del Uruguay, fue uno de los primeros expedientes judiciales que se iniciaron en Entre Ríos por corrupción política. En el ojo de la tormenta quedó el ex ministro de la Producción Roberto Schunk, por haber encabezado las gestiones con la empresa Senor para que instalara la planta de fabricación. Pese a que El Miércoles ya había informado durante mucho tiempo antes sobre esta estafa, el caso tomó relevancia nacional cuando en 2012 el programa Periodismo para Todos emitió un informe en el que señaló a Schunk y otros funcionarios provinciales como responsables de montar una escena para beneficiar directamente a los empresarios .

Lo concreto es que luego de levantar la planta en Concepción del Uruguay y emplear a unas 30 personas, la fábrica Grandes Máquinas sólo logró producir una sola cosechadora -la que se llevó de gira comercial a Angola y la misma en la que el ex gobernador Sergio Urribarri hizo sentar a la ex presidenta Cristina Fernández frente a la Casa Rosada-. Mientras tanto, la empresa Senor -con antecedentes de maniobras similares en otras provincias-, había percibido suculentos créditos del Estado provincial.

 

ARGUMENTACIONES DE LA DEFENSA: LA EMPRESA PAGÓ LOS SEGUROS

La causa lleva la carátula “Senor Ricardo Javier; Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel s/ Estafa (en perjuicio de la Administración Pública)” y su número de expedientes es el 64.002. Se inició a mediados de 2012, y hasta hoy cuenta con ocho personas imputadas.

“A fines de 2015 y a requerimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), es imputado el contador Roberto Schunk; atribuyéndosele una conducta disvaliosa, en su carácter de ministro de la Producción de Entre Ríos”, recordó el defensor Emilio Fouces y agregó que la supuesta maniobra estaba “dirigida a beneficiar a los empresarios propietarios de la firma Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., permitiendo que estos se apropien y desvíen fondos obtenidos mediante asistencia financiera otorgada por el Estado provincial, lo que finalmente, y según sostiene el órgano acusador, causó un perjuicio a la Administración Pública provincial por la suma total desembolsada”.

El abogado explicó a este medio que sostienen dos líneas argumentales para la defensa del ex ministro Schunk. “La primera es que el Ministerio a cargo de Schunk, no sólo obró diligentemente sino que lo hizo de manera muy solvente y profesional. A tal punto que el objeto o propósito de las operaciones crediticias fueron cumplidos y con creces. No sólo se instaló y funcionó con casi 30 dependientes la fábrica -ese era el objeto perseguido por el Estado provincial-; sino que se llegó a exportar la primer cosechadora y otras herramientas agrícolas íntegramente allí fabricadas”, explicó.

Luego se explayó sobre el segundo argumento de defensa. “La segunda cuestión, que en realidad merece un análisis previo al anterior; es que a criterio de ésta defensa, no se ha tipificado el delito que se está investigando. Y los hechos acontecidos en los últimos días nos avalan y ratifican nuestra postura”, advirtió el abogado.

“En efecto, los decretos del Poder Ejecutivo que dan lugar a los créditos otorgados, establecen como condición para su otorgamiento, la previa constitución, por parte de la empresa y a favor de la provincia, de ‘seguros de caución’ por el 100 por ciento de los montos otorgados. Lo que lógicamente se cumplió por parte de la empresa y es por ello que se le otorgaron los créditos. Vale decir, el 100 por ciento de la acreencia que poseía la provincia respecto de la empresa, estaba garantizado mediante un seguro de caución, tomado por la empresa con anterioridad a la liquidación de los respectivos créditos. Para que se sepa, el seguro de caución es, por lejos, la mejor garantía que se puede obtener en cualquier tipo de operación de crédito. El mismo asegura al acreedor que frente al incumplimiento por parte del tomador/deudor, una compañía de seguros, abonará el total del monto asegurado -en este caso el 100 por ciento de los créditos otorgados-”, explicó.

El abogado remarcó además que las líneas defensivas se sostienen “en base a la abundante y profusa prueba que obra en el expediente”. “De ninguna manera se puede hablar de estafa y mucho menos que los funcionarios intervinientes obraron con liviandad en el momento del otorgamiento del crédito. En materia de garantías, se obtuvo la mejor que existe en el mercado. Mucho mejor que las más popularmente conocidas, como puede ser una hipoteca. Esto lo planteamos desde el inicio de nuestra participación en la causa. Que estando vigente éste seguro, lo que había que hacer es hacerlo valer y recuperar el 100 por ciento de los fondos otorgados y de ésta manera no existe ningún tipo de perjuicio a las arcas de la Administración Pública provincial”, acotó.

 

Fouces ratificó que “el último día hábil antes de la feria judicial de invierno, la provincia de Entre Ríos ha cobrado a la compañía de seguros el 100 por ciento de las dos pólizas que respaldaban los dos créditos oportunamente otorgados”. Y subrayó: “Este hecho que se está investigando, como lo venimos sosteniendo desde el inicio de nuestra participación, no ha causado ningún perjuicio económico al erario público provincial”.

Por último, el abogado adelantó que “una vez reiniciada la actividad del poder judicial nos presentaremos ante el Juzgado a plantear éste hecho nuevo -el pago por parte de la compañía de seguros- y las consecuencias determinantes para la causa que ésta situación acarrea”

 

LA ACUSACIÓN DE MULET: “LA DEFENSA DEL EX MINISTRO SCHUNK ES UN MANOTAZO DE AHOGADO”

El abogado Guillermo Mulet, que lleva adelante la denuncia en la causa por las cosechadoras, aseguró que la defensa que presentó el ex ministro de la Producción, Roberto Schunk, “es una estrategia defensiva pero no les aliviana la carga” y opinó que “a estas alturas y con lo que perdió la Provincia, no los beneficia en nada; es un manotazo de ahogado del ex ministro”.

Aseveró además que “se manejaron con tanta desidia y liviandad en el otorgamiento de los créditos que no hay otro camino que el penal”. Además explicó que “no es lo mismo cobrar el seguro de caución ocho años después”. Informó que además de Schunk y de los empresarios involucrados en la causa “están imputados el ex ministro (de Economía, Diego) Valiero, Mabel Solanas quien estaba a cargo del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y un cuadro de segunda línea del Ministerio de la Producción que manejaba la relación de los créditos con Finver”. Sobre los pasos judiciales a seguir señaló que "la jueza (Paola) Firpo debería dictar el procesamiento y elevar la causa a juicio" indicó en el programa “A Quien Corresponda (Radio De la Plaza)” y reprodujo Análisis.

 

 

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