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De “cooperatrucha” a cooperativa: la rebelión de un grupo de trabajadores tras décadas de infamia en Concordia

Trabajadores de una pseudocooperativa en Concordia se rebelaron y quieren que sea una verdadera cooperativa. Se trata del multimedios propiedad de Luis Mazurier –ex funcionario del PJ– que durante casi treinta años figuró como cooperativa, en connivencia con el poder político entrerriano. 

 

Por J.R.D. de EL MIÉRCOLES DIGITAL

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La Cooperativa de Trabajo Obrera Prensa Escrita y Televisiva Limitada (Cotrapretel), fue una “cooperatrucha” que funcionó en la ciudad de Concordia hasta el 26 de octubre de 2020, cuando 19 de sus integrantes –hartos del manoseo– en una asamblea general eligieron autoridades y decidieron ponerle punto final a la farsa liderada durante 29 años por Luis Alberto Mazurier, el mismo que había reflotado la marca “El Sol” en 1991, luego de la quiebra en 1982 y tras una existencia que databa desde 1964. Mazurier organizó una empresa personal, que luego se transformó en un multimedios al añadir radio, web y TV, bajo la fachada de una cooperativa.

No obstante, lo que vino después demostró que las cosas recién empezaban. El camino para ser una cooperativa en serio se muestra más cuesta arriba de lo que parecía en principio. Salvo, claro, para los funcionarios truchos. Esas “cooperativas” se arman muy fácil y sin problemas.

Hasta el cierre de esta nota pudieron editar el diario, aunque trabajan desde sus casas y lo imprimen en otros talleres, porque “el dueño” cerró los ingresos al edificio.

Fallos

Aunque lleva tres décadas como “cooperativa”, en la práctica nunca lo fue: los socios y las socias nunca participaron de las decisiones que tomó Mazurier, quien siempre actuó como dueño único y absoluto. Incluso hubo fallos por juicios laborales que han llegado a la misma conclusión: "Si bien figura como cooperativa, no funciona como tal, considerando a los asociados como trabajadores informales". Pero el Estado, en treinta años, jamás tomó cartas en el asunto.

“Cotrapretel Ltda.” nuclea al matutino El Sol en su edición gráfica y web, y al canal de televisión abierta “Tele5”, incluso en sus estatutos fundacionales establece “las actividades inherentes a: la edición de diarios, revistas y todo tipo de publicaciones, así como la producción de programas de radio y televisión”. El diario dispone de una importante tirada e influencia en la capital del citrus.

Una serie de hechos parecen mostrar el final de la aventura de Mazurier: un juicio en marcha por “presunto peculado” en el cargo que ejerció al frente de la Codesal, el abandono de parte del peronismo que siempre lo cobijó, el hartazgo de sus “empleados” quienes denunciaron la situación ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Cotrapretel debía balances desde de 2014 hasta octubre de 2020, y por esa razón tenía la matrícula suspendida, lo que derivó en la convocatoria a la asamblea de octubre de 2020, para que se levantara la suspensión de la matrícula. Esa oportunidad fue aprovechada por los trabajadores que ya habían tomado conciencia acerca de dónde estaban parados y de que ése era el momento: “Cuando fuimos madurando lo que es una Cooperativa, hicimos una autocrítica, fuimos aprendiendo, y decidimos que debía funcionar como cooperativa”, contó Luis Tito Mandarino, integrante de esa Cooperativa, a El Miércoles Digital.

Paso a paso

En su denuncia ante el Inaes, el personal de “El Sol” especifica los hechos de manera cronológica. Al poco tiempo de que se eligiera el nuevo Consejo de Administración el 26 de octubre de 2020, Edgardo Ramón Perafan y Yamila Gallinger –presidente y tesorera respectivamente electos– renunciaron a sus cargos por la negativa de Mazurier de entregar los libros y los accesos a las cuentas bancarias. Vivieron varios meses de acefalía. Pero esas renuncias nunca fueron aceptadas por el Consejo de Administración. En la Asamblea, Víctor Mario Yrigoy fue elegido secretario, y luego en complicidad con Mazurier pasó a denominarse como presidente.

Mazurier siguió manejando la cuenta de la cooperativa, ya que sus cuentas personales fueron inhibidas por el juicio por peculado de los manejos de fondos públicos, tal como se explica más adelante. Luego simuló convocar a asamblea para elegir los reemplazantes de los cargos renunciados, pero llegada la fecha volvía a posponerlas, al advertir que no podría manipularlas. En la última convocatoria, del 6 de marzo, intentó una artimaña para seguir manejando la cooperativa, pero fue desarticulada por el accionar de los socios y socias presentes.

Mientras se esperan resoluciones legales, la “coopetrucha” funciona con una comisión integrada con personas que operan como prestanombres de Mazurier, como presidente y secretario, y él mismo como tesorero: “De la noche a la mañana hicieron un Consejo de Administración que no sabemos de dónde salió, lo puso a Yrigoy de presidente, a Enrique Ríos como secretario y él mismo como tesorero”, explicó Mandarino.  De ese modo Mazurier controla los movimientos legales y económicos de la cooperativa. “Yrigoy era el conductor del noticiero y Ríos es mecánico de profesión, no trabaja en el diario”, agregó.

Dos presidentes

La cooperativa en este momento tiene dos presidentes: Perafan, para los trabajadores, y Víctor Mario Yrigoy, para Mazurier.

El sábado 8 de mayo, Marcelo Leal, un empleado municipal allegado a Mazurier, se apersonó en El Sol para poner en conocimiento a los 19 socios enfrentados al director del diario, un dictamen del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer) que reconoce como la máxima autoridad de Cotrapretel a Víctor Mario Yrigoy, el presidente nombrado por Mazurier. La resolución colisiona con la postura de los trabajadores, quienes aseguran haber elegido en octubre de 2020 y por unanimidad a Edgardo Perafan como presidente, quien seguiría ejerciendo dicho rol.

Ricardo Etchemendy, quien dirige el Ipcymer, explicó a El Entre Ríos que será el INAES –el órgano nacional– el que zanjará la cuestión de fondo, porque la denuncia de los socios contra Mazurier se presentó en ese órgano. Respecto de la resolución que reconoce a Yrigoy como presidente de la cooperativa, Etchemendy explicó que de acuerdo a los papeles que le presentaron, “hubo una asamblea general ordinaria el 26 de octubre de 2020, en la que se eligieron consejeros”, que para el Instituto es válida porque no fue impugnada. Y en el expediente consta que Perafan y Gallinger (presidente y tesorera nombrados por los trabajadores) “renunciaron por cartas documento que están en el expediente y un escribano (Christian Giacobone) da fe pública de ello. Esas renuncias fueron aceptadas por el Consejo de Administración”.

Etchemendy aclara por su parte que su accionar “es en base a derecho. A mí nadie me da instrucciones políticas. Soy abogado y me ajusto a derecho en mi actuación. Las actas del Consejo están volcadas en un libro que está documentado y sobre esa base respondí. Y según la documentación que tuve ante mi vista, su renuncia fue aceptada”.

 

Los denunciantes –el grupo de trabajadores enfrentado a Mazurier– aseguran que las cosas no son así, y que se trata de documentos falsificados. Afirman que la renuncia de Perafan fue retractada, y por ende sigue siendo la máxima autoridad de Cotrapretel. También niegan que Perafan y Gallinger enviaran cartas documento para comunicar su dimisión. La Justicia deberá determinar si en efecto hubo falsificación de documentos, y en todo caso eso agravará la situación del denunciado Mazurier y de sus colaboradores.

Candados para el diario, la TV y la web

Mientras esperan resoluciones de los organismos estatales, el grupo de trabajadores viene sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, el cierre de las puertas de ingreso al edificio donde funciona el multimedios, en calle Concejal Veiga 777. Las puertas de ingreso a los sectores administrativos, al canal y los que conectan con la redacción fueron soldadas o aseguradas para impedir el paso y la reapertura de la fuente de trabajo.

La noticia del operativo que impidió a los socios trabajadores ingresar al diario trascendió a través de la nueva dirección de El Sol en internet: www.diarioelsoldigital.com

Mandarino relató a El Miércoles Digital que “fue escalando todo este proceso hasta que el sábado nos cerró las puertas del diario, no dejó entrar a ningún trabajador. Hicimos una exposición en la comisaría y una denuncia a la Fiscalía. Selló todas las puertas. Esa madrugada salimos a buscar un taller de impresión para que nos impriman la edición gráfica, y debimos resolver un nuevo dominio de la web, porque nos la había quitado, así podemos seguir informando y también informar lo que pasa con nosotros”.

“También pudimos salir a la calle y cumplir con los canillitas, que son otros afectados”, dice aliviado. “El lunes no pudimos imprimir porque no conseguimos papel y ahora estamos imprimiendo en otra ciudad porque no tenemos otra manera: nos cerró la planta, la redacción, el canal, estamos en la calle. Hay compañeros que cumplen los horarios de trabajo en la vereda, esperando que se resuelva. Él se cree dueño de todo, por eso lo cerró, puso policías, guardias”, describió.

“El diario sale porque los socios hacemos un esfuerzo, no estamos cubriendo el retorno mensual, y conseguimos ayuda de talleres externos para imprimirlo, además pudimos reconstruir una web para poder seguir informando. Cada uno trabaja desde su casa, como puede”.

“Nosotros vivimos de esto. No solo los periodistas, también la gente de impresión, los operadores del canal, los del digital, de fotografía, de armado. Al momento no hemos percibido los retornos porque la cuenta está bloqueada: no tenemos los libros para presentar y abrir otra cuenta en el banco”, lamentó.

Poder, decadencia y juicio

Concordia es la segunda ciudad entrerriana en tamaño y cantidad de habitantes después de Paraná. Es de las que más pesan electoralmente, a tal punto que desde 1983 hasta la fecha, contando al actual, cuatro de los gobernadores provinieron de esa ciudad, todos justicialistas.

Mazurier tuvo la protección de los diferentes gobiernos provinciales justicialistas hasta el 2015.

Personajes como Mazurier son producto o hacedores –el orden de los factores no altera el producto– de la descomposición de la clase dirigente en esa parte de la geografía entrerriana donde el reparto de poder en diferentes cargos fue y es moneda corriente.

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) fue creada el 14 de febrero de 2005 por decreto cuando Jorge Pedro Busti era gobernador y Sergio Urribarri su ministro de Gobierno. El objetivo era poner en marcha un Polo Turístico en el Perilago, una generosa superficie donde también está asentado el Hotel Ayuí, que su propietario, el Estado nacional, a través de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), cedió en comodato al Estado provincial.

Luis Mazurier es el hombre a quien en 2005 Busti y Urribarri eligieron para presidir la Codesal. Enrolado en el PJ, su mayor protagonismo social y político fue por su condición de director del diario El Sol de Concordia.

Durante más de una década, el poder de Mazurier fue creciendo, al convertirse en funcionario provincial “con rango de ministro”, status que conservó hasta febrero de 2016, haciendo y deshaciendo en la Codesal según sus pareceres, hasta que el gobernador Gustavo Bordet en su primer mandato le pegó “una patada en el tujes”, al decir del propio Mazurier. En efecto, en 2016 Mazurier –ya denunciado por sus manejos en la Codesal– fue removido de su cargo por Bordet y reemplazado por el empresario gastronómico José Carlos Ostrovsky.

Está acusado de peculado en una causa en la que el juez de Garantías Darío Mautone dispuso la apertura de la etapa de juicio y remitió a la Sala Penal de Concordia. Está caratulada "Mazurier, Luis Alberto y otros s/peculado" Leg. Nº 6338/10. Por ese proceso tiene inhibidos sus bienes y cuentas personales, tanto él como su familia, y están imputados su pareja y su presunto hijo, que no lleva el mismo apellido, y a quien, según la denuncia, utilizaría como “prestanombre”. En 2021 esta causa debería ser elevada a juicio oral.

Bienes comprados con los fondos de Cotropretel

En la denuncia presentada al Inaes los trabajadores explican que la única cuenta que no está inhibida es la de la Cooperativa, “la cual está siendo utilizada de forma personal, sin rendir cuentas sobre los excedentes anuales, que resultan de propiedad de los asociados, y que sin embargo no han sido distribuidos”. Lo acusan de usar de forma “arbitraria y discrecional los fondos pertenecientes a la Cooperativa”, en compras de propiedades y mobiliarios “que nada tienen que ver con las actividades y el objeto estatutario de la entidad”, y sin informar nunca esas operaciones al órgano asambleario, como ordena la normativa.

Mazurier sigue en poder de los libros, del acceso a la cuenta bancaria, y de toda la documentación requerida para el buen funcionamiento de la cooperativa. Respecto a la cuenta bancaria, “los requerimientos realizados por el Banco Credicoop, respecto a la actualización de las autoridades de la cooperativa no ha sido respondido en debida forma por el Sr. Mazurier".

Mandarino relató dos compras insólitas: “En 2018 compró un coche motor y ahora compró otro, cosas que no tienen nada que ver con el objeto social, no tiene lógica, además de los valores de esas máquinas, de millones, el traslado a Concordia hablamos de 900 mil pesos, por eso hicimos una denuncia. Después nos enteramos que alquilaba un predio en el Parque Industrial, donde tiene una deuda muy grande y que utilizaba para guardar cosas que no sabemos que son”.

También cuenta que “el edificio no pertenece a la cooperativa, pero tampoco a Mazurier, se compró en un remate y nunca se hizo la transferencia, no sabemos quién lo compró. Tal vez alguien prestó el nombre. Es todo un limbo. En principio por los 30 años de uso debería ser de la Cooperativa”.

Mazurier ya no tiene la protección del peronismo, aunque en Entre Ríos nunca se sabe. Mandarino asegura que “ya no tiene el mismo poder de otros tiempos”.

Conflicto con el Credicoop por la cuenta

Los trabajadores además denuncian connivencia entre el gerente del banco cooperativo en esa ciudad y el titular de la “coopetrucha” sobre la cuenta bancaria. En la edición gráfica del matutino, con el título “¿Quién maneja la cuenta del banco Credicoop con la que pagan sueldos a trabajadores de diario El Sol?”, contaron que el gerente Luis Camutti les dijo que la cuenta “quedó bloqueada” el viernes 9 de abril.

Sin embargo, entre lunes y martes se acreditó el sueldo a algunos trabajadores. ¿Desde qué cuenta se hizo la transferencia? Desde la Cuenta Corriente Nº 191-141-004164/3 que los trabajadores afirman que les pertenece y por lo cual presentaron ante la entidad bancaria el Acta de Asamblea y Distribución de Cargos del Consejo de Administración del 26 de octubre de 2020. Todos responden lo mismo: Luis Alberto Mazurier sigue operando con esa cuenta.

Al respecto, hay un detalle que le añade credibilidad a esa hipótesis: el propio Mazurier solicitó en los últimos días a sus empleados que le pasaran la liquidación de los “retornos” (así llama a la liquidación de pagos) que debía hacer en esta fecha.

En los primeros días de abril, Perafan, en carácter de presidente de Cotrapretel, le solicitó al gerente bancario que actualice la información de los titulares de la cuenta. Al no recibir respuesta, le pidieron por carta documento que le otorguen los medios necesarios para operar con la cuenta. El gerente Camutti respondió pidiendo las copias del acta de Asamblea y Consejo que eligieron a las actuales autoridades, estatuto y los formularios habituales para ese trámite. “Todo eso ya lo presentamos y seguimos sin tener acceso a la cuenta”, resumió Perafan.

Pocos días después, el 15 de abril, la sucursal concordiense del Credicoop, con la firma de Camutti y de la jefa de Gestión Operativa y Comercial, Laura Kahanovsky, les envió una carta documento dirigida genéricamente a Cotrapretel comunicando que “por decisión del Banco” cerrarán la cuenta corriente, lo que lógicamente causará serios daños y perjuicios a la actividad de la cooperativa.

Esta semana Perafan y el abogado de la cooperativa intentaron dialogar con el gerente del banco pero no lo encontraron. Una encargada “nos dijo que desconoce quién está utilizando la cuenta”, explicaron, y contaron que toda la documentación “fue elevada a Legales del banco en Buenos Aires”.

Fuentes: Análisis Digital, UNO, El Sol, denuncia ante el INAES, El Entre Ríos.

 

 

 

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