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Denuncian que la Provincia sólo tiene cuatro personas para controlar las fumigaciones

La Asamblea de la Cuenca del arroyo Las Conchas (departamento Paraná) denunciaron públicamente "que el Estado Provincial (Dirección General de Agricultura) sólo tiene cuatro empleados destinados a los controles del uso de agroquímicos”.

 

La Asamblea Vecinal por la Salud y el Ambiente Cuenca Las Conchas de la provincia de Entre Ríos dio a conocer un comunicado donde expresaron su solidaridad con la familia Lovera de Colonia Celina, tras el reciente fallecimiento de don Justo Bernardo, afectado por el continuo vertido de pesticidas en un campo frente a su vivienda.

Los vecinos de la zona de La Picada, Sauce Montrull y Villa Urquiza se pronunciaron a favor de la iniciativa popular por declarar como peligrosa a la actividad con agroquímicos y reiteraron las críticas por “los peligros para su salud que implica este modelo de agricultura basado en cultivos transgénicos y agrotóxicos”, así como el exiguo contralor del Estado provincial.

En una declaración de prensa, la Asamblea de la Cuenca del arroyo Las Conchas, manifestaron su solidaridad con la familia Lovera, que vive en su chacra en la zona de Colonia Celina, en el departamento Paraná.

Fue porque el 6 de octubre pasado, producto de una fibrosis pulmonar que arrastraba desde hace tiempo atribuida a la exposición de las derivas de agroquímicos, murió don Justo Bernardo Lovera, de 84 años.

Desde el colectivo socio ambiental recordaron que en 2019 fueron ellos quienes conocimiento “de los padecimientos que sufría la familia Lovera” a raíz “de las reiteradas fumigaciones con agrotóxicos que se realizaban en un campo situado frente a su vivienda y que estaban afectando la salud de sus integrantes.

Luego de la movilización de esta Asamblea, de otras organizaciones y del periodismo sensible se logró que en aquel campo se dispusiera no continuar con los cultivos y dedicar el mismo al pastoreo de ganado, con lo cual se abandonó el uso de agroquímicos”.

Pero la salud de don Justo Bernardo Lovera ya estaba muy deteriorada “a pesar que nunca había fumado y que había llevado una vida sana.  Lamentablemente, en otros campos cercanos de la zona se continuó con las fumigaciones que siguieron afectando a la familia. El día 4 de octubre los olores de los agrotóxicos se sintieron especialmente intensos y el Sr. Lovera tuvo una descompostura, por lo que fue llevado al hospital de Cerrito, donde lamentablemente falleció el día 6 del corriente”, recordaron.

En la proclama a la que accedió ERA Verde, la Asamblea extendió su preocupación por “todas las personas expuestas a los peligros para su salud que implica este modelo de agricultura basado en cultivos transgénicos y agrotóxicos. Existen mientras tanto sobrados ejemplos de que es posible otra forma de agricultura sin uso de químicos y en armonía con la naturaleza, que alcanza rendimientos similares a los convencionales pero con costos sensiblemente menores para el productor y para la sociedad en general”.

Derivas tóxicas

Citando a Marcos Tomasoni, divulgador y promotor de la agroecología, los vecinos plantearon que el caso de Lovera es “la comprobación práctica de las investigaciones” del mencionado investigador “quien llegó a la conclusión que las fumigaciones son incontrolables, porque se generan derivas de las sustancias tóxicas, que pueden ser inmediatas o posteriores, dependiendo de los cambios en las condiciones climáticas. Estas derivas pueden llevar esos venenos a grandes distancias del lugar de aplicación. Es la demostración de que las mal llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) no sirven de ninguna manera para evitar el daño a la salud y el ambiente”.

En este orden, apuntaron que “la vida y la muerte de Don Lovera, quien se opuso activamente a las fumigaciones, soportando el hostigamiento patoteril de quienes las realizaban sin importarles sus consecuencias, es un testimonio de la dura realidad que sufrimos quienes habitamos los territorios rurales”. Y “además denunciamos públicamente que el Estado Provincial (Dirección General de Agricultura) sólo tiene cuatro empleados destinados a los controles del uso de agroquímicos”, afirmaron.

“Como asamblea solicitamos se analice esta grave situación que va en contra de una política que cuide y proteja la salud y el medio ambiente. Esta Asamblea vecinal renueva su compromiso con la salud de estos territorios y de sus habitantes. Es por eso que adherimos a la Iniciativa Popular que reclama una ley provincial que declara actividad peligrosa a la producción agrícola con utilización de insumos de síntesis químicas, declara la emergencia ambiental en toda la provincia y exige una serie de medidas de control de esas actividades y de relevamiento de sus consecuencias en la salud de la población y el ambiente”, cerraron en el comunicado.

 

Foto: Mauricio Garín

Fuente: ERA Verde.

 

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