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Diputados convirtió en ley la emergencia de la obra pública en la provincia

Luego de recibir la media sanción el martes por parte de la Cámara de Senadores, durante la sesión especial Diputados convirtió en ley este jueves el proyecto que declara el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas.

El proyecto declara, en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, el “estado de emergencia pública económica y financiera en materia de obras y servicios públicos, hasta el 31 de diciembre de 2024, con el objeto de revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas y servicios públicos” y “cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a los servicios públicos y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia”.

Durante el periodo de la emergencia, quedarán suspendidas las ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, como así también la traba de medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas contra cualquiera de los tres poderes del Estado.

El debate

El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) fue el primero en hacer uso de la palabra, y tras destacar la importancia de la obra pública subrayó la situación actual del país a nivel económico y financiero, y observó: “En septiembre de 2023 se aprueba el presupuesto vigente y desde ahí hubo una inflación de más del 60%, con lo cual claramente tenemos un presupuesto obsoleto y desfasado con el que es difícil dar respuestas. También el Estado nacional ha recortado significativamente los fondos hacia las provincias, algo que es de público conocimiento. Dos tercios de las obras provinciales tienen financiamiento de Nación”.

En ese marco, detalló: “Al día de hoy tenemos 148 juicios al Estado, 99 son de carácter moratorio y 49 son contencioso administrativo, la mayoría se generaron entre enero y febrero de este año. Considero que es meritorio aprobar esta ley de emergencia y poder brindarle al Ejecutivo provincial una herramienta financiera que pone en pie de igualdad a todos los acreedores del Estado y permite consolidar la deuda y lograr una verdadera planificación en lo que resta del año”.

A su turno, el legislador Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) destacó la presencia de los funcionarios provinciales y las respuestas a las preguntas de los legisladores durante el trabajo en comisión realizado el miércoles por la tarde. Seguidamente, dijo que, para el bloque y tras la exposición de los funcionarios, “no amerita una ley de emergencia en términos de obra pública”.

Y sostuvo: “En la exposición quedó claramente demostrado que, si bien hay una problemática que, con claridad determinaron la casuística y lo dijo el diputado Sarubi, está en la interrupción del envío de fondos del gobierno nacional, y con el estrés financiero que generó adicionalmente las medidas que ha tomado en la macroeconomía, partimos de una realidad de que hay 167 obras en ejecución, vienen del gobierno anterior, y se resumen en 37 empresas, números que dio este gobierno. Cuando pedimos un detalle de la evolución de la negociación, de las 37 empresas 24 ya habían resuelto la cuestión contractual, el tema está encaminado y celebramos que se resuelva donde se debe resolver que es en el ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces quedan 13 empresas, de las cuales 6 ya judicializaron y quedan 7 por conveniar, con lo cual claramente vemos que no es necesario una ley de emergencia en materia de obra pública”.

También, dijo, se puede analizar “en qué situación reciben el gobierno el 10 de diciembre, pero ayer en el debate quedó claro que la deuda en Tesorería General de la Provincia era de 5 mil millones de pesos, que en materia de obra pública es un número manejable, que no amerita la emergencia, en un presupuesto de 150 mil millones de pesos”.

A continuación, dijo marcar “una contradicción del gobierno” provincial en el tratamiento de la ley: “Pide una ley de emergencia y hoy vemos en los medios provinciales un video del secretario general de la Gobernación sobre los 100 días de gestión donde dice textualmente `ordenamos la obra pública, la gran mayoría de los contratistas aceptaron nuestro plan de pago´. Pongámosno de acuerdo”.

“Lo que sí amerita, y entendemos que lo está haciendo el señor gobernador, pero nos gustaría que sea de manera más enérgica y visible, es reclamar a donde sus propios funcionarios, y nosotros coincidimos, está la verdadera causa de esta problemática: que es la interrupción de los fondos nacionales, que mal se definen fondos discrecionales, de alguna manera desvalorizándolos o quitándoles seriedad. Son fondos de los entrerrianos, que están respaldados por leyes, convenios, contratos de obras”, sentenció. Y agregó: “Nosotros los vamos a acompañar a la hora de reclamar los fondos de los entrerrianos, porque son los denominadores comunes que tenemos que tener, acá no hay un tema de oficialismo y oposición, pero no corramos el eje, esto se dispara por la disminución de los fondos nacionales”.

Desde el bloque de La Libertad Avanza, Roque Fleitas adelantó el acompañamiento del proyecto: “Consideramos que toda gestión que inicia debe contar con las herramientas que considere necesarias para solucionar los problemas. Claro que hubiésemos querido que esas herramientas le hubiesen sido conferidas al gobierno nacional a través de la Ley de Bases y del DNU, pero como respuesta tuvo su primer paro”, reprochó.

Seguidamente, Carlos Damasco (Fe y Libertad) cuestionó el “tratamiento exprés” de la iniciativa: “Ya no deberían tener lugar”, ese tipo de abordaje, entendió. “Los proyectos del Poder Ejecutivo siempre traen urgencia, nos notifican de urgencia, los tratamos de urgencia. Hay temas que deben tener un análisis profundo y debate. Acompañaremos sin estar de acuerdo con las formas”.

Desde su mismo bloque, Julia Calleros Arrecous puso el foco en la situación de varias localidades por las lluvias, y cómo la obra pública impacta en la mejora de esa problemática. En ese sentido, adelantó también el acompañamiento de la iniciativa, y recalcó: “Voy a ser celosa custodia de los recursos que se van a destinar, porque le debemos respuestas a la gente y vamos a estar ahí atentos y cuidando de que de verdad les llegue y se cubran sus necesidades”.

A su turno, Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) agradeció: “A las cuatro bancadas opositoras la habilitación de la discusión de este proyecto sobre tablas, es un gesto importante que valoramos desde el oficialismo”. Y continuó diciendo: “Si bien es cierto los números que se expresaron en el recinto respecto de las obras en construcción y las empresas afectadas por la paralización de la obra pública, también hay que decir que el informe del Poder Ejecutivo varia en función de la fecha de corte en que se hace, vale dejar de manifiesto que hoy existen un total de 41 empresas en litigio con la provincia de Entre Ríos en ejecuciones de deuda de obra pública en proceso actual, de esas 41 hay varias que tienen promovidas varias acciones judiciales en distintos fueros”.

“La emergencia que el Ejecutivo nos está solicitando que declaremos tiene que ver con que esto es dinámico, a medida que pasa el tiempo más empresas constructoras promueven acciones judiciales y también promueven una acción por cada obra en ejecución que tienen, y esto también aumenta los gastos, intereses, costas, punitorios”, advirtió. Y, en respuesta a los números del presupuesto que había señalado Bahillo, respecto que la deuda representaba menos del 1% del presupuesto de la provincia, acotó: “Lo que no se dijo es que el 77% de los ingresos del gobierno provincial se gastan en sueldos y en jubilaciones y el 13% en coparticipación a los gobiernos municipales, por lo que tenemos un 90% del presupuesto ya gastado; en ese contexto, ese 1% ya no representa sobre la masa disponible que tiene el gobierno provincial el 1% sino más del 10%, y eso sí valora la necesidad de entender que estamos en una emergencia”.

Seguidamente se expresó la diputada Laura Stratta (Más para Entre Ríos) quien, entre otros aspectos, resaltó los cambios introducidos en el Senado a la iniciativa. “Que fue restringir el tiempo en que dura la emergencia y eliminó un artículo que hacía mucho ruido, que era la habilitación a la contratación directa en las obras viales”, destacó. No obstante, mencionó otros aspectos que consideró “hacen ruido”: “Por un lado, la unilateralidad para revisión, rescisión o renegociación de los contratos, que consideramos que puede llegar a demorar más, generar más intereses y judicialización. Y el otro tiene que ver con esto de indemnizar solo el daño emergente, que en algunos casos podría llegar a ser un reconocimiento mayor al que está contemplado en la Ley de Obras Públicas”.

En ese punto, recordó la declaración de la emergencia educativa y se preguntó: “Queremos saber si en estas 5 semanas hubo remodelación, refacción de establecimientos educativos, qué empresas se contrataron, porque el fundamento había sido que había escuelas que no podían empezar las clases, y las clases comenzaron, y estos interrogantes quedan”.

“Somos una oposición constructiva, pero eso no quiere decir que no planteemos nuestras disidencias. Tenemos que trabajar mucho para lograr construir los consensos que nuestra provincia necesita, por eso damos el debate y vamos a acompañar la herramienta que el Ejecutivo necesita, pero también vamos a solicitar que se ataque el origen, que se haga un reclamo con vehemencia al presidente de la Nación para que no se recorten los fondos de la provincia”, cerró.

 

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