El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El encierro de las personas parece ser el modo habitual que la sociedad ha encontrado para solucionar el problema de las anormalidades. Los adultos que han infringido la ley, los menores en conflicto y los locos (por así llamarlos) son encerrados como el camino más apto para ordenar la sociedad. Un recorrido por cualquier cárcel permitirá ver con nitidez que los internos son casi todos morochos, con harto escasos estudios y provenientes de geografías barriales donde todo falta. Solía decirse que presos van los ladrones de gallina. Más allá de los plumíferos, lo cierto es que los evasores, los grandes estafadores están exentos. Solo un ejemplo: de los jueces coimeros del menemismo nadie se enteró. El sistema elige con precisión.
Por ANÍBAL GALLAY de EL MIÉRCOLES
Las cárceles, una rémora de la edad media, son uno de los más grandes fracasos del sistema de convivencia. Los hombres que pergeñaron la Constitución de 1853 dejaron establecido que las cárceles no son para castigo, sino para seguridad.
Más de 150 años después se escriben y se afirma que “se pudra en la cárcel”. Las redes sociales, ese medio usado para opinar, emitir pareceres vuelca sus emociones muchas veces plenas de irracionalidad. Así cuando aparecen homicidas como los rugbiers, se clama pidiendo prisión perpetua e incluso la pena de muerte.
Es posible que esto deseos estén imbuidos de emociones. No se advierte que cederle al Estado la facultad de matar ciudadanos es harto peligroso. El caso Sacco y Vanzetti es apropiado para ilustrar la afirmación. Un gobierno autoritario y jueces venales tendrán en sus manos la facultad de exterminar ciudadanos.
En la Argentina hay noventa mil presos, tanto en cárceles federales como provinciales. Una leyenda que se ha divulgado sostiene que los presos cobran un sueldo mensual. Quienes cobran son quienes trabajan ya sea dentro o fuera de la cárcel. Quienes tienen ese “privilegio” no llega al 3 % de los internos y en todos los casos han sido autorizados por el juez.
Regresando al sistema carcelario se lo ha llamado “universidad del delito”, sea porque allí se aprende cuestiones relacionadas con el mundo del mal vivir, sea porque no cumple con el objetivo de recuperar a las personas que han cometido algún hecho fuera de la ley.
Quienes claman por penas altísimas, incluyendo la muerte muestran un descreimiento en la capacidad de los seres humanos para recomponerse. Una suerte de visión lombrosiana, aquel médico italiano quien sostenía que ser delincuente no era una opción sino el modo de ser de algunos humanos. Delinquir tenía orígenes genéticos.
El muy conocido caso de Santos Godino (llamado con desprecio “El Petiso Orejudo”) quien no pudo ser condenado porque no se conocía la criminalidad de sus actos. Era inimputable, pero fue depositado en la cárcel de Ushuaia con los demás internos que lo mataron.
Más del 50 % están encerrados porque se les dictó prisión preventiva. Todos los códigos procesales establecen que el imputado debe esperar el juicio en libertad, y que la prisión preventiva debe ser excepcional. Los jueces en Argentina hacen uso discrecional y la mayoría de los encarcelados no tienen sentencia firme. Esperan, mientras tanto que un juez decida. Esta situación puede durar más años de los que fijan los códigos.
Cualquier sistema que limite la libertad debe intentar una mejoría en la vida de quienes son afectados. En la Argentina hay noventa mil presos, tanto en cárceles federales como provinciales. Una leyenda que se ha divulgado sostiene que los presos cobran un sueldo mensual. Quienes cobran son quienes trabajan ya sea dentro o fuera de la cárcel. Quienes tienen ese “privilegio” no llega al 3 % de los internos y en todos los casos han sido autorizados por el juez. Quedó establecido en un fallo que los presos que trabajan deben recibir un 75 % del sueldo mínimo vital y móvil. Si no fuera remunerados se estaría ante la esclavitud.
Otro punto deleznable del sistema judicial es que más del 50 % están encerrados porque se les dictó prisión preventiva. Todos los códigos procesales establecen que el imputado debe esperar el juicio en libertad, y que la prisión preventiva debe ser excepcional. Los jueces en Argentina hacen uso discrecional y la mayoría de los encarcelados no tienen sentencia firme. Esperan, mientras tanto que un juez decida. Esta situación puede durar más años de los que fijan los códigos.
En la Argentina un 30 por ciento de los condenados son reincidentes, Marcelo Bergman, doctor en Sociología y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dice acerca de las causas de la reincidencia:
“La primera y más importante tiene que ver con la historia delictiva del preso o reincidente. Una persona que empezó con actos delictivos a muy temprana edad, es decir que a los 9 o 10 años ya robaba alguna cosa, ya tenía conflictos con la autoridad, etc., es alguien con una altísima probabilidad de tener una carrera criminal prolongada y, por lo tanto, son personas que posiblemente entrarán y saldrán de la cárcel muchas veces”.
En la Argentina se gastan 17.800 dólares anuales por cada preso, pero no hay programas suficientemente aptos que tiendan a la reinserción. Además, es notable el prejuicio de la sociedad. Si alguien es absuelto porque no cometió delito alguno será harto difícil borrar esa “mancha” que se convierte en un estigma. La cárcel y los manicomios son las forman más crueles de esconder los problemas. Ni las cárceles, ni los manicomios, ni los llamados reformatorios cumplen objetivo alguno como no sea deshacerse de seres humanos que por una o muchas razones no encajan en la normalidad.
rubengallay@hotmail.com
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