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Impidieron la quiebra del SUPER

El juez de primera Instancia en lo Civil y Comercial número 3, Agustín Weimberg, homologó el 16 de mayo el acuerdo preventivo presentado por la Sociedad Uruguayense de Productores de Entre Ríos Sociedad Anónima (SUPER SA). Evitaron la quiebra de la empresa de alimentos balanceados del frigorífico avícola Beccar. Son 600 personas las que trabajan allí.

De esta manera evitaron la quiebra y liquidación de bienes, conservando 600 fuentes laborales directas que en su mayoría son de Concepción del Uruguay.

El 10 de abril concluyó el periodo de exclusividad fijado por el Juzgado Civil y Comercial número 3, Secretaría de Concursos y Quiebras de Concepción del Uruguay, sin que los acreedores hagan objeciones al acuerdo de pagos propuesto por la firma SUPER SA, sometida a concurso preventivo a mediados de 2014, informó Análisis.

Cabe recordar que la tradicional empresa avícola SUPER SA enfrentaba las consecuencias de la crisis que afectó al sector y determinó pedidos de concursos y quiebras de otras empresas avícolas como la firma FEPA SA -también de Concepción del Uruguay-, inclusive la que hasta entonces se consideraba la más importante del país, Cresta Roja SA.

La firma SUPER SA, de composición familiar, enfrentaba una situación desesperante, con imposibilidad de alimentar sus aves y cancelar servicios y sueldos de unas 600 personas en forma directa, que veían peligrar así su fuente de trabajo.

De esta manera, la empresa sometió a concurso preventivo consistente básicamente en la imposibilidad de afrontar un pasivo de unos 150.000.000 pesos y a la vez, los gastos de funcionamiento de la misma. Para posibilitar la continuidad de su actividad, sus accionistas cedieron la mayoría de sus tenencias accionarias en favor del "Grupo Degracia", cuya empresa líder es la firma "Tres Arroyos SA".

Las audiencias entre el juzgado, síndicos y acreedores insumió casi dos años, la concursada logró la adhesión de la enorme mayoría de sus acreedores, más de un 90 por ciento. El estudio contable Horn y Ramos junto al estudio jurídico de Luis Antonio Rodríguez, Luis Víctor Rodríguez y Manuel Alberto Rodríguez, fueron quienes condujeron los trámites.

 

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