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Narcomenudeo: La Justicia entrerriana no aceptó el fallo del juez federal Leandro Ríos

“A nosotros no nos convoca sólo el derecho, nos convocan las muertes de los jóvenes por la mafia de las drogas”, afirmó el procurador general de la provincia, el uruguayense Jorge García, quien calificó de “erróneo” el fallo del juez federal Leandro Ríos que declaró inconstitucionales tres artículos de la ley de narcomenudeo. En igual sentido se expresó el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Rubén Chaia. En tanto que para el ministro de Gobierno Adán Bahl “esta lucha seguirá sin tregua”.

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“Miles de chicos, que iban a consumir en los kiosquitos, y de pronto los padres se encontraban con que no había un margen donde poder decir detengan a esta gente por favor, que le dejen de vender a mis hijos, hoy lo encontraron” razonó García.

 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió devolver las actuaciones recibidas por parte del Juzgado Federal Nº1, que había declarado inconstitucional tres artículos de la recientemente creada Ley de Narcomenudeo. El máximo tribunal de Justicia tomó tal decisión en el marco de un acuerdo general dispuesto por mayoría, y en referencia a la causa sobre infracción a la Ley 23737. Y explica que lo hace “por impropia”.

 

GARCÍA: “LA NORMA ES PERFECTAMENTE CONSTITUCIONAL”

García coincidió con la posición del STJ de Entre Ríos en que la ley está en plena vigencia y que el fallo del juez sólo se aplica en ese caso en particular. “El titular del juzgado federal de Paraná, luego de su determinación, ordenó la liberación de una persona que había sido detenida con cocaína en su poder” informaron desde el portal oficial del Gobierno entrerriano.

“Que un juez federal haya dictado una medida de nulidad y de inconstitucionalidad es siempre para un caso. La declaración de inconstitucionalidad en la Argentina no tiene efectos derogatorios de la norma, siempre es una declaración en cada caso puntual. Nosotros creemos que la norma esta es perfectamente constitucional, es decir, consideramos que es erróneo el fallo, pero no vamos a entrar a polemizar con un fallo de otro Juez”, aclaró el procurador.

El jefe de los fiscales adelantó que va a sacar una resolución general de instrucción a todos los fiscales aclarando que la ley continúa vigente. “Los procedimientos van a seguir tal cual se habían comenzado a llevar adelante con la Policía investigando y se va a seguir remitiendo a los Juzgados federales, ya sea el de Concepción del Uruguay o de Paraná, aquel material secuestrado, las actuaciones y los aprehendidos en el caso que los hubiere para el juzgamiento tal cual lo dice la Ley”, afirmó García.

El procurador hizo saber que la comunidad encontró cierto “alivio” cuando se habló de la puesta en marcha de la Ley de Narcomenudeo. “Miles de chicos, que iban a consumir en los kiosquitos, y de pronto los padres se encontraban con que no había un margen donde poder decir detengan a esta gente por favor, que le dejen de vender a mis hijos, hoy lo encontraron”.

“El gran problema que ve el ciudadano todos los días, es el problema del kiosco. Entonces, esta agilidad que tiene la justicia provincial de estar inmediatamente con un sistema como el nuestro, de estar sobre el caso, sin estos procedimientos que se llaman Estados de Sospecha, que son procedimientos que se hacen para el gran tráfico, llevaba a que fuera oportuno esta necesidad de trabajar mancomunadamente. Y fundamentalmente frenar, el efecto disuasivo inmediato es la efectividad del procedimiento”, explicó el fiscal.

“Entonces, si abren un kiosco, como se decía que van a abrir en otros lados, pero bueno, le volteamos el de al lado y si van a abrir en la esquina, le volteamos el de la esquina. Estos son negocios y si se le secuestra la droga y a esa droga tienen que pagarla sin haberla vendido, esto es un problema muy serio, entonces hay que parar el negocio”, remarcó el funcionario judicial.

Finalmente, García calificó de “erróneo” el fallo del juez Ríos y consideró que los procedimientos de la ley de narcomenudeo “son absolutamente legítimos y que no afectan ninguna garantía constitucional. Estamos convencidos de que esto es legítimo y vamos a seguir aplicándolo con todo énfasis”, culminó el letrado.

 

CHAIA A FAVOR

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial e integrante de la Cámara de Casación Penal de Paraná, doctor Rubén Chaia, defendió la vigencia y legalidad de la ley 10.329.

“Hay homicidios, robos seguidos de muerte, y toda clase de delitos que se generan por narcotráfico; Y a la gente común que convive con esto no le interesa el fuero específico”, apuntó. “Esta ley no se debe analizar desde el marco de facultades excluyentes. Hay homicidios, robos seguidos de muerte, y muchos delitos que se generan por narcotráfico, y que la Justicia debe investigar, esto es, llegar a un esclarecimiento. Entonces, con una raíz común, no podemos dividir tan excluyentemente las competencias. En la práctica, todo esto confluye, porque el ciudadano convive con los dos fueros. Y a la gente común, no le interesa el fuero específico”, agregó Chaia en las declaraciones reproducidas desde la página del Gobierno Provincial.

 

PARA BAHL ES UN FRENO

Por su parte el ministro de Gobierno, Adán Bahl, precisó que “el compromiso de avanzar en la instrumentación de estas políticas de Estado planteadas en nuestra provincia está más firme que nunca. Tenemos que seguir fortaleciendo esta lucha sin tregua que llevamos adelante contra el narcotráfico”. Afirmó que “la sociedad espera respuestas claras y efectivas para frenar la droga que pone en riesgo la vida de nuestros gurises e instala la violencia en nuestros barrios”.

También compartió y recordó el concepto expresado por Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de la apertura del año judicial en el pasado mes de marzo: “No tenemos que discutir sobre estos temas, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas e implementarlas”.

“La decisión de un Juez Federal de primera instancia, no menguará la determinación de los tres poderes del Estado entrerriano que proporcionan una acción efectiva, que consolida una política de Estado pensada, razonada clara y contundente para combatir el flagelo de las drogas”, afirmó Bahl.

 

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