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Pidieron que se revoque el sobreseimiento de Allende por amenazar a la ministra Velázquez

En una audiencia ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, el fiscal de Género Leandro Dato, y la abogada Fernanda Vázquez Pinasco que representa a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, pidieron que se revoque el fallo que dio por prescripto el delito de amenazas propinadas por el exdiputado y sindicalista, José Ángel Allende.  

 

N.B. de ANÁLISIS

 

El mandamás de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en Entre Ríos, fue sobreseído en abril del año por una decisión de Mauricio Mayer cuando estaba en el Juzgado de Garantías N°4 -donde es titular, desde el año pasado fue designado por el STJ como subrogante en el Tribunal de Juicios y Apelaciones-. Mayer sobreseyó a Allende porque interpretó que el delito de amenazas en contexto de violencia de género estaba prescripto. En un peldaño superior, ese fallo de primera instancia encontró eco ante el juez Alejandro Grippo que ratificó la prescripción y consideró, además, que la violencia de género no estaba probada en este caso.

No opina lo mismo la contraparte. El fiscal de Género Leandro Dato -que este jueves estuvo acompañado por la fiscal Ileana Viviani-, y la querellante en representación de Velázquez, la abogada Fernanda Vázquez Pinasco, pidieron a la Cámara de Casación Penal que controle y revea los argumentos esgrimidos por el juez Grippo, a quien consideran equivocado.

La decisión está ahora en manos del tribunal de Casación, compuesto por Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, quienes la comunicarán el 11 de septiembre a las 13.

 

Casación. De izquierda a derecha: Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Pimentel. (Foto: ANÁLISIS)

 

“Fueron dos fallos vaciados de fundamentos y aplicaron erróneamente la ley, interpretaciones flacas de la causa que terminó en sentencias contra derecho”, valoró Dato. El fiscal sostuvo que la decisión de Grippo fue “errónea”, “arbitraria” e “ilógica”. Agregó que durante la marcha del proceso contra Allende, hubo dos ofrecimientos de juicio abreviado que ningún juez aceptó, acordados con los defensores, que incluyeron otras causas y otros delitos. Eso, y otras particularidades como la función pública de Allende -usó los fueros parlamentarios hasta que dejó de ser diputado-, suspendió los plazos procesales en distintos momentos, por lo cual no corrió el tiempo de la prescripción.

“Estos dos jueces de la Constitución jamás hablaron en sus fallos de la víctima, la tutela judicial y los tratados internacionales. ¿En qué momento el Estado no quiso perseguir a Allende?”, preguntó Dato y reclamó: “Debe revocarse el fallo declarando no prescripta la acción penal y poder llevar a Allende a juicio”.

“La víctima esperó dos años que negociaran una salida alternativa y ahora declaran prescripto el delito”

La abogada Vázquez Pinasco arremetió contra los dos intentos de llegar a un juicio abreviado por todas las causas que pesan sobre Allende, acuerdos que no fueron ratificados por ningún juez. El primer intento entre el Ministerio Público Fiscal y los defensores del sindicalista fue en 2020 y el segundo intento en 2021. La propia ministra Velázquez -que este jueves no asistió a la audiencia pero suele ir a todas, e incluso hace uso de la palabra-, se negó en su momento a esos acuerdos de juicio abreviado.

“La víctima esperó dos años a que las partes negociaran una salida alternativa y ahora le declaran prescripto el delito”, se quejó la abogada ante la Cámara de Casación.

Más adelante sostuvo que los dos intentos fallidos de acuerdo de juicio abreviado “son actos procesales que equivalen a la interrupción de los plazos de la acción penal”. “Nosotros esperamos y eso se transformó en un dilema porque en los fallos posteriores parece que esos actos procesales no tienen ningún valor jurídico, es como que hubiesen desaparecido. Pero en realidad dejaron huellas, quedaron rastros. Por eso, pedimos a Casación que haga una interpretación correcta del derecho. Tengamos en cuente que este tipo de fallos como generan responsabilidad internacional y además constituyen actos de violencia institucional y de género. Los agentes del Estado somos responsables  de esto. ¿Cómo el juez Grippo llega a interpretar que por ser ministra la víctima y diputado el victimario no hay asimetría den poder? Eso ni siquiera es haber leído la Ley Micaela que lo obliga a hacer una capacitación para prevenir la violencia de género. Pensemos que a la ministra la violentó un varón blanco y hegemónico”, argumentó.

La postura de los defensores

Por otro lado, los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, defensores de Allende, solicitaron a la Cámara que ratifique el sobreseimiento por prescripción dictado en instancias previas. Dijeron que los acusadores reeditaron argumentos que ya fueron refutados.

“La querella reintroduce las amenazas coactivas para cuestionar el plazo. Pero esta posibilidad ya feneció”, aseguró Rusconi y pidió ser “cuidadosos en interpretar cualquier caso como violencia de género”.

 

Defensores Maximiliano Rusconi y Leopoldo Lambruschini. (Foto: ANÁLISIS)

 

Antes reclamaron por otra amenaza

Esta última, no fue la única audiencia ante Casación por conflictos que protagonizó Allende. Desde las 10 hasta las 12.30 aproximadamente, el tribunal se constituyó con otra composición: Marcela Davite, Marcela Badano y María del Luján Giorgio (Concordia).

Los defensores de Allende plantearon que se revea la condena por amenazar al periodista Martín Carboni en un medio radial. A principios de 2022, el juez Gustavo Pimentel -actual vocal de Casación-, condenó al titular de UPCN a 2 años por aludir públicamente al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Esa investigación estuvo a cargo del fiscal Álvaro Piérola que consiguió llevar a juicio oral a Allende y el proceso concluyó en una sentencia condenatoria.

 

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