El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
No, nadie le compró terrenos municipales por chaucha y palito a la Muni. Tampoco hay indicios de un negociado que salpique a los y las integrantes del Concejo. Y mucho menos hay un héroe díscolo en la gestión del PJ, donde algunos ven un Cobos uruguayense. En este informe especial se intenta esclarecer el asunto, que arrastra dos décadas de incumplimiento privado y desidia de las autoridades, para que la comunidad sepa qué es lo que se está discutiendo. Y, quizás, se anime a empezar a decidir en temas como éste.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN de la REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Colaboración: JORGE DÍAZ, MATÍAS DÍAZ, CLARA CHAUVÍN y VALENTÍN BISOGNI
Recuadros:
Aldo Montañana: “Si los vecinos nos preguntan por qué aprobamos algo, tenemos que poder explicarlo”
La Soñada es uno de los barrios privados cerrados que existen en Concepción del Uruguay, el más viejo de la ciudad (iniciado en 2003, aprobado en 2005). En los últimos quince días se desató una tormenta en relación con este tema.
Todo comenzó –al menos para el grueso de la comunidad– cuando el concejal vecinalista Aldo Montañana dio a conocer públicamente su rechazo a una nota que envió el Ejecutivo municipal proponiendo aprobar un acuerdo con el desarrollador de La Soñada.
En este informe especial se intenta esclarecer el asunto, para que la comunidad entienda qué es lo que se está discutiendo, que son cosas distintas: una, es el acuerdo sobre la compensación que La Soñada debería haber hecho desde el comienzo y que no se concretó por desidia de cinco gestiones municipales; dos, el famoso Código de Ordenamiento Urbano, que todos coinciden en que debe ser revisado pero nadie se anima a hacerlo. Y tres, el problema de siempre ¿quién debería decidirlo: la comunidad, o sus dirigentes?
Cinco gestiones y ninguna solución
La comunidad uruguayense se enteró de que había un problema con La Soñada cuando el concejal vecinalista Aldo Montañana dio a conocer públicamente su rechazo a un acuerdo que, supuestamente, estaba listo para que el Concejo lo aprobara. Lo había enviado el Ejecutivo municipal, y apuntaba a solucionar un problema de vieja data con el primer barrio cerrado de la ciudad.
¿Cómo era el acuerdo que el concejal Montañana rechazó? Se trataba de una propuesta económica de La Soñada para compensar los espacios verdes y calles que ese loteo debía ceder al municipio de acuerdo a lo que establece el Código de Ordenamiento Urbano (COU).
Aclaremos: que debía haber cedido hace casi dos décadas, cuando se aprobó el proyecto. Este es el nudo del asunto. ¿Por qué nunca se hizo? Es imposible de resumir, pero claramente la responsabilidad es compartida entre la Municipalidad (por lo menos las últimas cinco gestiones) y el desarrollador inicial del emprendimiento, Raúl Villafañe.
Desde el entorno del intendente lo explican así: “La Soñada lleva 18 años de irregularidades desde el inicio del loteo, desde que Villafañe era dueño. El barrio incumplía y el Municipio no controlaba, y así fue con todos los que pasaron por el Ejecutivo durante esos años, hasta que Oliva decide avanzar para cerrar este tema. Si bien son 170 familias que pagaron por esos lotes, la situación nunca se resolvió”, aclaran.
En mayo de 2020 el Concejo Deliberante aprueba una Resolución (Nº3906) que instaba al Barrio La Soñada a subsanar los incumplimientos mediante un cronograma plasmado en un acta acuerdo que contemplaba 10 puntos.
Uno de esos puntos que debían cumplimentarse para poder avanzar el loteo en la siguiente etapa de desarrollo, es lo que todo barrio privado debe hacer de acuerdo al COU: ceder un porcentaje de las tierras que corresponden al uso público. No está del todo claro cuánto. El COU dice: “En concepto de reserva municipal para uso público, se deberá ceder al dominio público, sobre las áreas linderas al conjunto, una superficie igual a la de la totalidad de las calles y las áreas verdes exigidas para cualquier fraccionamiento”. Y luego habla de que los espacios comunes “serán como mínimo la quinta parte de la superficie destinada a parcelas y tendrán como destino espacios verdes y cancha para la práctica de actividades deportivas”.
Esta disposición es la causa de que todas las iniciativas de este tipo terminen resolviéndose haciendo excepciones al COU. Y de allí surge la necesidad de revisarlo: si cada vez que una norma se va a aplicar se realiza una excepción ¿qué sentido tiene mantener esa norma?
¿De cuánto es la superficie? En este caso, según quién saque la cuenta, son un poco más de cinco hectáreas. Según el actual desarrollador de La Soñada (Pablo Presas), son cuatro hectáreas. En el inicio del proyecto, se hablaba de dos hectáreas.
Lo cierto es que precisamente eso —la cesión de esa porción del terreno— es lo que no se hizo nunca. A ver si queda claro: cualquier barrio privado, cualquier loteo, debe ceder esa superficie a la Municipalidad. O, en su defecto, debe compensarlo con plata, con dinero, en efectivo o con un plan de pago. Recuérdese que una situación similar, aunque sin tantos años de demoras, ocurrió en agosto de 2020, con el barrio Las Acacias, de la cooperativa Río Uruguay. Y también dio mucho que hablar y alentó versiones de todo tipo.
Tierra o terrenos
En otras palabras: 18 años atrás, el desarrollador de La Soñada (Raúl Villafañe, un empresario que llegó por entonces a Concepción del Uruguay, con grandes anuncios de inversiones) debía haber cedido esas tierras o bien compensado con dinero al Municipio. Eso no ocurrió. Todos los interlocutores actuales reconocen que la responsabilidad por eso es, como mínimo, compartida entre Villafañe y los poderes políticos locales. Incomprensiblemente, en todos estos años nadie se ocupó de tramitar ninguna de las dos cosas. Se pateaban hacia adelante.
Pasaron cinco gestiones y tres intendentes: dos veces José Eduardo Lauritto, dos veces Marcelo Bisogni y una vez Carlos Schepens. Ninguno de ellos pudo cobrar ese dinero o aceptar los terrenos correspondientes. ¿Aceptarlos? Es que Presas, hoy a cargo de La Soñada SRL, muestra documentos de que la empresa quiso cederlos en al menos tres oportunidades y la Municipalidad no aceptó.
Desde la gestión relativizan esa afirmación: esas tierras, aseguran, no le sirven a nadie. “Las que ofrecieron eran hectáreas pegadas al arroyo El Curro, inundables. Desde un mapa se ve como tierra o espacio, pero in situ no sirven para un carajo”, aseguró un funcionario a este cronista. Pero esa respuesta, legalmente, no está en ninguna parte.
Más de diez años después de hacer esa oferta, Villafañe usó los terrenos (hizo allí otro barrio, “Altos Las Quintas”) y ofreció comprar otras linderas. Y la Municipalidad consideró “viable” esa propuesta. Pero tampoco se concretó ¿por qué? El actual empresario de La Soñada, Pablo Presas, dice que “te corren el arco”, e insinúa incluso alguna mano turbia, como se narra más adelante. El hecho es que no se concretó.
Pero bueno, ahora sí hay una gestión que decide solucionar este tema. Entonces ¿cuál es el problema? El monto, el dinero de la compensación. Y ¿de cuánta plata se trata? Ahí está el problema. Veamos.
Chaucha y palito
El concejal Montañana hizo algunas cuentas: el barrio debe compensar 5,2 hectáreas y ofrece 7,5 millones. El intendente Oliva elevó el monto a 9 millones. Para Montañana esa propuesta era “una locura, no sé si reírme o enojarme”, como expresó en las redes en sus primeros posteos sobre el tema.
Pero ¿por qué una locura? Porque, recordó el edil, hace apenas semanas el Concejo aprobó la expropiación de un terreno para un plan habitacional, y allí la Municipalidad paga cada hectárea a más de 5,5 millones de pesos. Un cálculo sencillo: “Compramos a 5,5 millones la hectárea y vendemos a 1,8 millones”.
Visto de ese modo, claro que es una locura. Al valor que el Concejo acordó expropiar, los nuevos desarrolladores de La Soñada deberían pagar casi 29 millones de pesos, y no nueve como propuso el Ejecutivo municipal ni mucho menos 7,5 como habían acordado en el Concejo. Visto así, la empresa está ofreciendo un cuarto de lo que vale (según el cálculo de Montañana). Chaucha y palito.
En la única reunión en la que participó (afirma que no lo invitaron a otra) Montañana preguntó de dónde salía ese precio, por qué no se hacía una tasación independiente, y, asegura, no le dieron respuesta: ya estaba acordado con los dos bloques principales. “Yo le dije a mis colegas concejales, cuando los vecinos me pregunten qué resolvimos, yo necesito tener una respuesta”. Y esa respuesta no llegaba. O al menos, no le resultaba convincente.
No es tan clarita la cuenta
Pero ocurre que las cosas no son sencillas. El desarrollador actual, Pablo Presas, ofrece distintos argumentos para intentar que se entienda su posición. Para empezar explica que el problema tiene “una importante complejidad”, no solo por los 18 años sin resolver “y donde ha habido culpas compartidas, tanto por el desarrollador inicial” (Villafañe) “como por las previas gestiones municipales”; sino también porque durante años “nos corrieron el arco”, no desde el Concejo sino los funcionarios. Incluso, revela, hubo funcionarios que pretendían direccionar qué tierras tenía que comprar La Soñada para compensar, y resultaba que los beneficiarios eran amigos de ese funcionario.
La cosa cambió cuando se empezó a dialogar con el Concejo, dice Presas: “Se ha venido trabajando con los distintos bloques en los últimos dos años en pos de una solución factible para todas las partes”.
Por ejemplo, en eso que define como “correr el arco”, revela que La Soñada, antes y después de que Presas se hiciera cargo, ofreció a la Municipalidad en más de una oportunidad entregarle las hectáreas, y no una compensación económica. La primera vez (y muestra el documento) fue en 2004. De haberse efectivizado, no existiría el problema, pero eso no ocurrió. Desde la Municipalidad dicen que esos terrenos no servían, que son inundables. Con todo, hubo más propuestas de parte de La Soñada, hasta llegar a 2016 en donde propone comprar un terreno aledaño. Aunque la Coordinación de Planeamiento la consideró “viable”, al final la Municipalidad no aceptó esa oferta, e insistió en que el desarrollador compensara con dinero. De nuevo, las responsabilidades compartidas.
El empresario Presas asegura que no son 5,2 hectáreas (ni mucho menos 5,7 como dijo Ricardo Vales) sino alrededor de 4 hectáreas. Y eso también es, en parte, el problema del COU: se presta a interpretaciones diversas. Para algunas de ellas la porción es una cuarta parte, para otras una quinta parte. Y explica además que en 2005, cuando se aprobó el proyecto, la hectárea en esa zona valía no más de 3.000 dólares. Así que según los cálculos de Presas, esas cuatro hectáreas, al valor histórico, serían unos 12.000 dólares. Es decir, aproximadamente 2,4 millones de pesos actuales. Presas se pregunta por qué debería pagarse al precio de hoy, que es resultado precisamente de todas las inversiones realizadas durante todos estos años.
Aun así, destaca que el monto ofrecido surgió de un cálculo realizado en las reuniones, en donde se tomó como base el precio de la hectárea en dólares en 2005, y se le aplicó a ese valor la inflación que sufrió la moneda estadounidense en todo el periodo (no la inflación argentina, obviamente). Por eso el monto que se acordó era de 7,5 millones de pesos, pagaderos en cuotas.
Al intendente le pareció poco y propuso que se llegara a 9 millones. Y esa fue la suma acordada que se envió al Concejo para su aprobación.
Como se ve, el tema tiene varias aristas. Y en parte no deja de ser un tema técnico, como lo prueba el hecho de que, hasta que Montañana levantara la polvareda, ninguna otra fuerza política o social lo había cuestionado. Pero ¿de verdad es solo un tema técnico o se mezcla la política?
Como Cobos pero acá
Y claro que se mezcla. El verdadero escándalo se produjo cuando el Concejo trató el asunto, la semana pasada. En ese momento, para sorpresa de todos, el titular del Concejo, Ricardo Vales –vice intendente de Oliva, y con aspiraciones a sucederlo– bajó de su sitial y ocupó una banca para hacer uso de la palabra: dio un detalle de los incumplimientos del loteador del desarrollo inmobiliario a lo largo de casi dos décadas y pidió a los concejales y concejalas que no aprobaran el acuerdo que el Ejecutivo (es decir su compañero de fórmula) había enviado al recinto.
Vales pidió demorar quince días más la decisión para estudiar mejor el convenio, a partir de “averiguar cuál es el precio real de la hectárea para hacer una venta mejor (sic) para todos los uruguayenses". Es decir, hacer una nueva tasación, lo que pedía Montañana desde el comienzo.
La actitud llamó la atención de propios y extraños: no faltaron quienes la calificaron como una “cobiada”, por Julio Cobos, el recordado vice de Cristina Fernández de Kirchner, que le votó en contra en la controversia por las retenciones.
En el entorno del intendente no lo podían creer. Lo atribuyeron, siempre off the record, a una serie de malentendidos: “Todo surge de una mala información oficial, porque no se explica bien o no se aclaró oportunamente el tema, y se instala como que es un negocio de compraventa de terrenos entre un privado y el Municipio. Y nada que ver. En realidad se trata de solucionar un quilombo que viene de hace rato y se salió con esta solución al paso”, dijo un importante funcionario a este cronista.
¿Y Vales? ¿También tenía mala información? El interlocutor es tajante: “Cuando en la sesión Vales toma la palabra e insta a los concejales a replantear sus votos lo hace con intencionalidad política, busca posicionarse para su candidatura, marcar diferencia y levantar bandera como supuesto defensor del pueblo contra los ‘ricos’ de La Soñada. Todo bastante demagógico. Se dio un baño de ética en esa sesión”, masculla el funcionario.
Otros sacan cuentas: Ricardo Vales, en los últimos 10 años de los 18 que lleva este problema, ocupó cargos de primer nivel en la jerarquía municipal: fue ocho años secretario de Gobierno (durante las gestiones de Schepens y Lauritto) y ahora lleva dos de vice. Es decir que Vales difícilmente pueda decir que no conocía el problema.
Votación dividida
Pero los concejales —ni siquiera los del oficialismo— no le hicieron caso a Vales: la bancada del PJ votó sin fisuras, y los otros bloques con divisiones, y así aprobaron por mayoría el acuerdo con La Soñada.
Lo cierto es que todo esto, que debía tratarse en el marco del Concejo Deliberante, cuando pasó a la discusión pública tomó ribetes de escándalo. Desde sectores del propio oficialismo comenzaron a producirse rechazos: en los días siguientes, referentes minoritarios dentro del PJ (como Luis Cerrudo o Valeria Gómez, entre otros) se manifestaron en contra de la decisión, y sectores políticos que hasta entonces no se habían pronunciado, comenzaron a pedir el veto del intendente, como la UCR, a pesar de que su concejal José Gurne votó a favor del acuerdo. Montañana siguió dialogando con los medios y ahora se agregó Vales. El escándalo crecía.
La Unión Cívica Radical en un comunicado cuestionó “el constante y excesivo otorgamiento de excepciones” al COU, lo que “atenta no solo contra la seguridad jurídica, sino también contra el desarrollo planificado y sostenido de la ciudad”.
Y sin dar muchos detalles más, la UCR pidió que el intendente vete la ordenanza y devuelva el tema al Concejo para volver a tratarlo. Pero su único concejal –José Gurne– no había planteado eso. Es decir que no fueron los concejales peronistas los únicos desautorizados por sus propios líderes.
De paso también, el radicalismo reiteró un viejo reclamo: “Que en forma urgente se convoque a la Comisión Asesora de la reforma del COU para debatir y planificar el desarrollo de la ciudad por los próximos años”. Y no se privó de hacer un diagnóstico severo: “Lamentamos la falta de planificación respecto del desarrollo urbano y crecimiento de la ciudad”, problema “que hoy se deja evidenciado por una interna oficialista".
Resulta más que interesante revisar cómo votó el Concejo: el bloque justicialista en pleno (siete concejales) apoyó el acuerdo. En los bloques opositores estuvieron las tres posiciones posibles:
- a favor: dos concejales de Juntos por el Cambio: Gurne, de la UCR, y Carlos Dutra, del PRO.
- se abstuvieron: dos concejales de esa misma fuerza, Rosana Squivo y Hernán Marcó, ambos del sector de Juan Carlos Godoy.
- en contra: dos concejales de la oposición se opusieron, Evelyn Viganoni, del PRO, y Montañana, vecinalista.
La grieta, en este caso, no funcionó.
El veto
¿Qué impide hacer una tasación nueva, como pide Montañana, y ahora Vales?
El mismo funcionario que comenta el hecho explica: “Lo único cierto de lo que dijo Vales es que no hay tasación, pero no explicó por qué. Dice que hay que pedir una tasación al Consejo de Tasaciones de la Provincia, pero ellos no hacen este tipo de tasaciones: dependen del Fiscal de Estado y sólo tasan cuestiones provinciales o leyes de expropiación, o pedidos de ministros por un interés mayor, y a veces, a pedido de intendentes. Por ejemplo ellos nos tasaron, por una cuestión ambiental de interés provincial, el terreno que compramos para el basural. Y tasación privada tampoco hay pues nadie quiere tasar hacia valores del pasado (en este caso sería a 2005)”.
Por más que se quiera minimizar, la actitud de Vales produjo un pequeño terremoto en el oficialismo. Su alocución en el Concejo y sobre todo su paso por distintos medios en las horas posteriores a la sesión, terminaron confluyendo en la decisión que este lunes anunció el intendente Martín Oliva, acompañado por algunos concejales: vetar la propuesta que el mismo Ejecutivo había enviado.
Oliva dijo que escuchó a los uruguayenses y recalcó que el proyecto no tuvo respaldo unánime de los ediles. Recordó que cuando estuvo al frente del Concejo siempre procuraba que este tipo de iniciativas tuvieran consenso total. Y marcó que “se puso en tela de juicio la honorabilidad y honestidad de quienes ocupan las bancas”, a raíz, seguramente, de los comentarios en redes y medios. Por estas razones, dijo, decidió vetar la ordenanza. Y anticipó que de inmediato elevará el proyecto otra vez al Concejo para que continúe con su tratamiento.
Enfatizó que el tema se viene trabajando desde hace más de un año, y apuntó contra sus predecesores, aunque sin cargar demasiado las tintas: recién su gestión, se ufanó, ha procurado buscar una solución definitiva a un problema de larga data. “El proyecto lleva más de 17 años de debate, sus desarrolladores en 2003 solicitaron la autorización municipal para realizar la primera etapa y avanzar con el loteo de un gran terreno o campo ubicado en la zona oeste”.
Y trató de aclarar lo que explicamos antes: “En ese momento el desarrollador debía ceder una porción de esas tierras, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, hecho que no sucedió. Es decir, no se trata de ninguna compra o venta de lotes o terrenos en el presente entre un privado y el Estado. Se trata de una problemática no resuelta desde 2003”.
La conferencia incluyó algunas declaraciones altisonantes: “Nosotros no vinimos a hacer negocios inmobiliarios, vinimos a controlar a éste y a otros loteos que hay en la ciudad, como también a proteger el patrimonio uruguayense, porque otro eje fundamental de esta gestión es la protección del ambiente, no sólo cuidamos y defendemos el patrimonio de la Histórica, sino que lo ponemos en valor. Por eso debemos ser responsables”, aseguró.
Y por supuesto, evitó adjetivar la actuación de Vales. Aunque de eso se ocupó el concejal Sergio Vereda, quien le reprochó a Vales la actitud de no dialogar con sus concejales antes de la sesión.
Pero Oliva había dejado claro en el inicio: “No somos necios, escuchamos a la comunidad”.
Cómo sigue
En el programa En La Víspera, que la Cooperativa El Miércoles produce en LT11, estuvieron presentes dos de los protagonistas principales de la controversia: por un lado, Aldo Montañana, el concejal que encendió la alarma y transformó en una discusión pública el acuerdo obtenido laboriosamente después de 18 años de incumplimientos del desarrollador y de desidia (o quizás algo peor) de funcionarios municipales.
Por el otro, el empresario privado Pablo Presas, que reemplazó al frente del emprendimiento a Raúl Villafañe (“cansado de tantos años de gestiones infructuosas”, según Presas).
Montañana explicó sus razonamientos y dudas, y enfatizó que no recibió respuestas claras desde el oficialismo: creían tener todo listo para aprobar y no consideraron necesario explicarle las cosas. Pero ratificó su preocupación y la necesidad de que los vecinos y vecinas entiendan bien qué se discute y se involucren en la discusión. Presas, por su parte, proporcionó documentación destinada a dejar claros los aspectos más fuertes de su punto de vista. (Los elementos que ambos brindaron forman parte de los materiales utilizados para esta nota, y por eso las entrevistas completas se pueden leer en los recuadros: Montañana (ver nota en este enlace) y Presas (ver nota en este otro enlace).
Aunque parezca raro, a ninguno de los dos le bastó media hora para desarrollar con tranquilidad sus posiciones: así de complejo es el asunto. Con todo, dejaron algunas definiciones claras. Montañana aclara que no se opone al acuerdo con La Soñada, sino que su reclamo fue que se hiciera una tasación: “Yo no cuestiono el monto en sí. Pero digo que necesitamos un dictamen legal sobre lo que el licenciado Presas plantea, que es el valor histórico de la hectárea. Y una tasación de lo que valdría la tierra al valor real”.
“Yo lo que les decía a mis colegas concejales es esto: si nos preguntan por qué aceptamos nueve millones, ¿qué le vamos a decir? ¿Por qué nos mandaron del Ejecutivo? No tenemos una tasación, no tenemos algo legal, que nos respalde en esa decisión”.
Además, no oculta su molestia por lo que define como “una ninguneada” hacia él por parte del bloque de concejales oficialistas: “Hablando en criollo, fue una ninguneada hacia mí: sos uno solo y vas a tener que bancártela. Pero no son así las cosas. Por eso lo hice público antes de la sesión, para que la gente supiera que se iba a tratar sin una tasación".
Por su parte, Presas brinda sus explicaciones sobre diferentes aspectos. Respecto de la superficie a ceder: “La Soñada no llega a 20 hectáreas, de modo que si es la quinta parte serían 4 hectáreas y no 5,7 como dicen”. Asegura que “Villafañe se cansó de que en el Municipio le corrieran el arco. Yo ya vivía en el barrio, veo esta complejidad, y decido tomar la posta para solucionar el problema”.
Cuando detalla las idas y vueltas que tuvo a partir de hacerse cargo, añade: “Ahí entendí a qué se refería Villafañe con lo de ‘correrte el arco’. Consulto con abogados, y me dicen ‘Pablo, si vas a la Justicia, lo ganás”. No oculta su molestia con el titular del Concejo: “Cuando me encuentro con la cháchara de Vales, yo escuchaba y abría cada vez más los ojos, no sabía de qué estaba hablando”.
Y concluye que “como bien dijo el intendente cuando lo vetó, acá hay intencionalidades buenas y malas, hay gente que malinterpretó todo, algunas de buena fe y otras de mala fe”.
Rediscutir el COU
En la entrevista, Presas puso de relieve las dificultades que surgen del COU: “El Código se hizo en 1993 y dice que ‘en concepto de reserva municipal para uso público se debe ceder al dominio público sobre las áreas linderas al conjunto una superficie igual a la totalidad de las calles y a las áreas verdes exigidas para cualquier fraccionamiento'. Si lo lees con la lógica gramatical, este punto se prestaba a confusión. De hecho, los funcionarios municipales de ese entonces interpretaron que el barrio privado debía ceder el 10 por ciento como cualquier otro loteo actual. Pero en realidad el COU también dice que debe destinar el 40 por ciento del barrio a áreas verdes, canchas de tenis, de fútbol como uso común del barrio. Ahí hay una gran inconsistencia del Código, porque si a un barrio privado le estás exigiendo que el 40 por ciento lo destine a áreas verdes, y que además le de una quinta parte al municipio en tierras, ya estamos en un 60 por ciento, y si del resto tenés las calles públicas, te das cuenta de la inviabilidad económica de los barrios privados, y de ahí las problemáticas que han tenido no solamente La Soñada sino también los demás de barrios privados que se han desarrollado en la ciudad. La verdad es que en el COU debían haber puesto en la parte de barrios privados un solo artículo: 'Prohíbanse los barrios privados en la ciudad de Concepción del Uruguay'. Con eso nos ahorrábamos un montón de problemas, porque con la cantidad de disposiciones lo que han hecho es prohibir los barrios privados en la ciudad”.
A seguir dialogando
Pero hablando se entiende la gente. O eso es lo que deseamos: para eso hacemos periodismo, para eso hacemos entrevistas, para eso el Concejo se llama “Deliberante”, del verbo “deliberar”, que significa, según el diccionario, “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”.
El veto del intendente abrió un compás de espera que puede servir para encontrar esa vía. Requerirá, como todo, que las partes entiendan que en ninguna negociación se obtiene todo lo que se desea.
Presas y Montañana –que en los días previos habían tenido algunos cruces que fueron poco amables, en especial desde el lado de Presas– se encontraron en el programa En la víspera.
El concejal se iba, el empresario llegaba. Se saludaron con amabilidad y Presas, en presencia de este cronista, le pidió disculpas a Montañana por algunos de sus exabruptos en las redes sociales. Y ambos se comprometieron a continuar dialogando para contribuir a buscar un acuerdo que conforme tanto a La Soñada SRL como a la Municipalidad.
Si Presas no logra convencer a sus interlocutores del Concejo, en especial a quienes se abstuvieron o votaron en contra, quizás abandone su idea de que “un mal acuerdo es mejor que el mejor juicio”, y procure que la justicia sea quien le dé la razón. Que asegura tener suficientemente documentada: uno de los elementos que muestra es un dictamen interno del Departamento Jurídico de la Municipalidad de comienzos de 2020, donde su jefe –el abogado Gerardo Robin– asegura que en la situación actual “un seguro e inminente conflicto judicial (de La Soñada)” tendría como resultado “graves perjuicios para nuestra comuna”.
Y por desgracia, hay antecedentes. Más de tres décadas llevó resolver los conflictos legales derivados de la expropiación de Banco Pelay por parte del gobierno municipal de Carlos María Scelzi. Y no tiene que ver con lo indiscutiblemente loable del objetivo sino con las falencias en la ejecución. Fue otro gobernante del PJ el que lo resolvió, José Lauritto en su primera gestión. ¿Será el de La Soñada un nuevo caso de ese tipo? El tiempo dirá.
Los barrios privados y los límites de la democracia
El otro aspecto insoslayable en el que coinciden casi todos los protagonistas de esta controversia es la necesidad de revisar el Código de Ordenamiento Urbano, que tal como está obtura precisamente aquello que supuestamente quiere impulsar: el desarrollo de inversiones privadas para que la ciudad tenga un crecimiento en un marco de planificación urbana.
Presas lo dijo con todas las letras: “La verdad es que en el COU debían haber puesto en la parte de barrios privados un solo artículo: ‘Prohíbanse los barrios privados’. Y con eso nos ahorrábamos un montón de problemas”.
Pero en los hechos los barrios privados no están prohibidos, y se habilitan a través de excepciones o desprolijidades como esta, que arrastra casi dos décadas. Y lo cierto es que nadie, ninguna de las fuerzas políticas –con o sin representación en el Concejo– ni tampoco las entidades sociales, que se sepa, tienen esa postura. ¿Y la ciudadanía qué opina? ¿Alguna vez se la consultó? Por supuesto que no.
La democracia representativa que tenemos es hostil a que ese tipo de cosas sean resueltas por la comunidad. El intendente, en la conferencia de prensa, dejó una frase llamativa: “Yo no entro a los barrios privados” (ese “yo” se refiere a la Municipalidad, es una alusión al carácter de barrio cerrado). ¿La comunidad está de acuerdo con eso? ¿Ese es el futuro que queremos: una ciudad conformada por cada vez más countries, con servicios de alta gama para quienes pueden pagarlos, con seguridad propia, donde ni la Municipalidad pueda entrar? ¿Esa es “la tierra prometida” que propone el himno de la ciudad?
Ricardo Vales argumentó en el Concejo que el acuerdo no tenía consenso social. Pero en realidad la comunidad no conocía nada sobre el asunto. Es cierto que la información es pública y está a disposición de quien la requiera (como reprochó el intendente a los periodistas en su conferencia de prensa pública). Pero si se quiere de verdad darle a la población la potestad de decidir sobre estos asuntos, entonces hay que hacerlo, no hablar de hacerlo. Sobre todo cuando no prospera lo que se quiso hacer sin darle, antes, ese lugar a la información y deliberación ciudadana.
En otras palabras, usar los mecanismos participativos que prevén nuestras constituciones nacional y provincial. ¿Se animarán nuestras autoridades alguna vez? ¿Se lo exigirá la comunidad a sus dirigentes algún día? “No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia”, cantaba Zitarrosa. Pero a veces a los pueblos hay que apurarlos un poquito. Quizás esta nueva controversia sirva para eso.
Recuadros:
Aldo Montañana: “Si los vecinos nos preguntan por qué aprobamos algo, tenemos que poder explicarlo”
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