El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Se trata de Mario José Maxit, quien figuraba en el cuaderno de las coimas (Ver nota: Un uruguayense también figura...). Ahora el juez Bonadío decidió procesarlo junto a otros cuatro empresarios entrerrianos en la causa donde se investiga a cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Ellos son: Luis Losi, su hijo Gabriel Losi, y los hermanos José Luis Pitón y Daniel Claudio Pitón. Los acusa de haber pagado coimas.
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El abogado Mario José Maxit, quien figura como aportante de la campaña de Cristina Kirchner, aunque su entorno desmiente el pago de coimas. El uruguayense era entonces director Comercial de la sucursal argentina de Isolux-Corsan.
En los recorridos del arrepentido Oscar Centeno llevando a Roberto Baratta y a su secretario o asesor para recoger la "recaudación" de las empresas de obra pública, se repite una dirección: Maipú 741. En ese edificio, habrían recibido bolsos con dinero que le entregaba Mario José Maxit, cuyo nombre figuró en la lista de aportante de fondos de la campaña del kirchnerismo en 2007, y quien pertenecería a una familia oriunda de Concepción del Uruguay. En ese entonces era director Comercial de la sucursal argentina de Isolux-Corsan, cuyo estudio jurídico funcionaba -hasta hace no mucho- en ese edificio en el microcentro porteño.
“Lo llevé al licenciado Roberto Baratta y al ingeniero Ezequiel García a Maipú 741 -1º B y el señor 'Mario' el que atendía y lo llamaba por celular a García, lo esperaba en el piso 1º B, bajó del auto solamente García y a los 10' bajó del 1º Piso 'B' con una mochila con dinero", escribió el chofer de Baratta el viernes 15 de mayo de 2009 en uno de los cuadernos relevados por el periodista Diego Cabot, en el diario La Nación.
AHORA PROCESADO
El juez federal porteño Claudio Bonadío procesó sin prisión preventiva a cinco empresarios entrerrianos a quienes, además, les trabó embargo sobre sus bienes por 1.100 millones de pesos a cada uno. Se trata de Luis Losi, su hijo Gabriel Losi, Mario José Maxit y José Luis Pitón y su hermano Daniel Claudio Pitón, publicó el sitio PÁGINA JUDICIAL.
El magistrado considera que integraban una asociación ilícita cuya finalidad era organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse, y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos.
Concretamente, lo que se investiga es la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo y los empresarios fueron procesados sin prisión preventiva por casos de cohecho activo, es decir, por haber pagado coimas.
En una extensa resolución, que publicó el portal Infobae, el juez Bonadío señaló que “se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”, entre 2003 y 2015.
Entre los más de cien procesados se destacan los nombres de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López; el financista Ernesto Clarens; empresarios de varias provincias; y Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri. En tanto, Gianfranco Macri, hermano del mandatario, recibió la falta de mérito.
En la causa estaba imputado el empresario uruguayense Víctor Pietroboni. Ahora el magistrado decretó su sobreseimiento por extinción de la acción penal por fallecimiento.
Empresas entrerrianas en la mira
Bonadío sostiene que en el área del Ministerio de Planificación Federal, por orden de Néstor Kirchner y luego mantenido por Cristina Fernández, “se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles” y agregó que “en ese contexto espurio, las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación”.
En este sentido, le asigna un papel central al ministro Julio De Vido como “responsable de la concreción de este sistema, encomendándole su coordinación a José Francisco López, y su ejecución a Carlos Guillermo Enrique Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción”; mientras que el financista Clarens tuvo un rol “destacable en la “recaudación dineraria”, junto con otros funcionarios nacionales.
También especifica qué rol desempeñaron los empresarios entrerrianos en las acciones de cartelización de obra pública. Explica que “en miras a materializar los pagos ilegales, mayoritariamente, los responsables de las empresas procedían a concurrir por sí y/o enviaban a distintos gerentes o empleados de confianza, a diversas oficinas” de Clarens, y en ese grupo menciona a las empresas entrerrianas Luis Losi SA, Lemiro Pablo Pietroboni SA y José Eleuterio Pitón SA.
Según el juez, la empresa Lemiro Pablo Pietroboni SA le habría pagado 484.200 pesos al financista Clarens, entre julio y agosto de 2011 y entre enero y febrero de 2012; mientras que Luis Losi SA le habría entregado 6.451.735 pesos en siete pagos entre julio y noviembre de 2011 y entre mayo y agosto de 2013. Ese dinero, a su vez, habría ido a manos de José López, segundo de De Vido en el Ministerio de Planificación.
Los empresarios, sin embargo, negaron las imputaciones y declararon como arrepentidos.
Maxit se presentó como “funcionario de segunda categoría dentro de Isolux Corsan y aseguró que ni siquiera conocía a Clarens.
Luis Losi y su hijo Gabriel Losi declararon como arrepentidos y negaron las acusaciones. Gabriel Losi entregó un escrito en el que dice no haber conocido el sistema de recaudación que describe el juez y donde cuenta que existieron atrasos en los pagos que debía hacer la Dirección Nacional de Vialidad y, en ese contexto, recibieron una convocatoria para reunirse con Ernesto Clarens, a través de Víctor Pietroboni.
En esa reunión, señaló, el financista “habló con claridad, y nos informó, de manera escueta, concreta y contundente, que para poder cobrar debíamos devolver ́el 3 por ciento de todo lo que se nos pagara, sí o sí. Dicha condición era una exigencia para que la deuda se normalizara” y agregó que “en aquel momento no veíamos más que dos alternativas posibles, atender la exigencia o continuar en el estado de situación que nos conduciría a nuestro fin como empresa” y eso los llevó a “claudicar”.
Los hermanos Pitón también negaron las acusaciones. Daniel Claudio Pitón presentó un escrito en el que reconoció que Ernesto Clarens gestionó la cobranza de certificados de obra, a quien había conocido a instancias de Pietroboni o por algún integrante de otra empresa que estaba en la misma situación, según dijo; y el financista “se comprometió a darnos una mano a cambio de una retribución, ya que nos manifestó que a medida que él fuera sacando los pagos nosotros le teníamos que dar una atención económica”. Admitió haber efectuado “cinco o seis pagos” de 30 mil y 40 mil pesos cada uno, entre los años 2007, 2008 y 2009, “por obras realizadas en la provincia de Entre Ríos que no superaban los 8 millones de pesos”, precisó.
José Luis Pitón ratificó los dichos de su hermano, aunque aseguró no haberse reunido nunca con Clarens ni con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, pero que por dichos de su hermano supo que la gestión a través de Clarens “era la única manera de destrabar los pagos para poder seguir ejecutando las obras”.
Pietroboni, el otro protagonista, no llegó a declarar, aunque admitió el pago de coimas en una entrevista que dio a Radio 9 de Concepción del Uruguay, en junio de 2016, unos meses antes de morir. Allí aseguró que durante el kircherismo la coima “llegaba al 15 o 20 por ciento”, explicó cómo era el mecanismo de licitación y adjudicación de la obra pública y contó que su empresa “no tenía ninguna posibilidad de presentarse en las licitaciones donde competía Lázaro Báez”, entre otras cosas.
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