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Como en Entre Ríos: en la provincia de Buenos Aires hay un escándalo por un puntero que cobraba 48 sueldos truchos de la Legislatura

La justicia bonaerense, en un fallo escandaloso, anuló la investigación de un caso calcado al mayor hecho de corrupción de la historia de Entre Ríos. Lo que muestra la desvergüenza de los poderosos (y que explica, de paso, por qué crecen alternativas delirantes). Aquí, el informe sobre el caso bonaerense y una síntesis de lo ocurrido en Entre Ríos.

REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES

Fotomontaje: EL MIÉRCOLES

La Justicia bonaerense dispuso este jueves la "inmediata libertad" de Julio Segundo Rigau, alias "Chocolate". Se trata del hombre que está detenido desde hace casi dos semanas luego de haber sido encontrado in fraganti retirando dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados provincial.

La decisión fue de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, con votos de los jueces Fernando Mateos, Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides. En el planteo, la defensa había alegado que la intervención policial no estaba solventada legalmente.

"No existía hecho objetivo que habilitara la requisa de su intimidad, la que no fue autorizada por Rigau. (...) El obrar abusivo se configuró con el proceder del personal policial al violentar -sin orden del juez ni acreditación de sospecha razonable", plantearon los abogados Alfredo Julio María Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón.

El caso entrerriano

Hace exactamente cinco años, el 20 de septiembre de 2018, se inició casi por azar, la causa que investiga el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Entre Ríos: una organización delictiva montada desde el seno del Poder Legislativo para la sustracción de dinero del erario público. Lo hacían a través de contratos apócrifos en nombre de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia mediante “personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

Se lo descubrió de casualidad: a un policía entrerriano le llamó la atención que, en pleno centro de Paraná, tres personas en un cajero automático pasaban mucho tiempo adentro y tenían muchas tarjetas de débito. Así se comenzó a seguir el hilo. Por un simple policía que cumplió con su deber, pese a que las personas involucradas lo amenazaban: “Vos no sabés con quién te estás metiendo”.

En efecto, se estaba metiendo con un mecanismo que funcionó por lo menos entre 2008 y 2018, bajo la responsabilidad de las máximas autoridades del peronismo (pero también de otras fuerzas políticas) y con un cálculo oficial del perjuicio al pueblo entrerriano que asciende a la increíble cifra de 80 mil millones de pesos de hoy (más de 120 millones de dólares).

La cantidad de personas involucradas es todavía indefinible, y aunque están presos solamente un par de miembros del escalón inferior (los que iban al banco con varias tarjetas de débito a retirar el dinero), la investigación llega a Sergio Urribarri y otras figuras políticas de la provincia que en el período tuvieron responsabilidades en la Legislatura.

¿Cuál era el mecanismo? Un grupo de personas de los mandos medios de la Legislatura, entre las cuales está (otra vez) el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, nombraba contratados para funciones no especificadas. Durante años esos contratados cobraban mediante cheques, pero en realidad no se quedaban con el dinero: se lo daban a las personas que fueron detenidas. “Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas”, denunció la Procuración. Pero con el correr de la causa ahora se habla de más de 1.000 contratos, que eran firmados en el domicilio particular o comercial de dos de los detenidos: Flavia Beckman y Hugo Mena.

La cantidad de personas involucradas es todavía indefinible, y aunque están presos solamente un par de miembros del escalón inferior (los que iban al banco con varias tarjetas de débito a retirar el dinero), la investigación llega a Sergio Urribarri y otras figuras políticas de la provincia que en el período tuvieron responsabilidades en la Legislatura.

Los fiscales consideran probada la estructura funcional de la banda, que implicaba a muchas personas: luego de que se depositaban los sueldos de los contratados truchos, se le entregaban los cheques a Mena y Beckman, que los endosaban y repartían entre casi veinte personas para facilitar el cobro en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos. Luego concentraban la recepción de esos dineros, pagando una suma ínfima a cada “cobrador”. El botín era entregado a Gustavo Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Faure, Alejandro Almada (cuñado de Aguilera), y Alfredo Bilbao. Este último era el encargado de las rendiciones de cuenta, y después de deducir gastos, impuestos de los “contratados” y comisiones, se encargaba de entregar el neto a Juan Domingo Orabona y a Juan Pablo Aguilera.

Hasta ahí llega lo que la justicia considera probado. Está claro para los investigadores que un mecanismo de este tipo no se pudo haber realizado sin el visto bueno o la participación directa de las autoridades legislativas.

El expediente se inició en septiembre de 2018, y hoy hay 32 personas imputadas como partícipes, con distinto grado de responsabilidad, en la estructura de esa organización criminal. No obstante, resulta un punto de gravedad que las imputaciones lleguen a empleados de las áreas administrativas de las Cámaras, tanto del Senado como de Diputados, algunos con cargos de directores, pero no aparece en las imputaciones una sola autoridad política. En esa lista están no solo Sergio Urribarri (ya condenado por corrupto por otras causas), sino también José Allende, Adán Bahl, Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres, todos ellos presidentes del Senado en su oportunidad.

 

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Qué argumentaron los jueces en Buenos Aires

De acuerdo a la resolución judicial a la que accedió el diario PERFIL, el juez Mateos abrió la votación con una disidencia al resultado del fallo. Según él, el hábeas corpus no debía prosperar dado que entendió que "no se observa aquí y ahora que el desenvolvimiento del personal policial interviniente no se haya ajustado al marco de legalidad".

"En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial", opinó el magistrado.

Seguidamente, Benavides planteo que "no puedo acompañar el voto de mi colega que me precede en orden de votación". Por el contrario, a su criterio "el hábeas corpus debe ser acogido favorablemente y en consecuencia declararse la nulidad del acta de procedimiento inicial, los actos subsecuentes y disponerse la inmediata libertad del encausado".

"Entiendo que la actuación del personal policial que requiso sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en un estado de sospecha razonada o causa probable", expresó en su voto.

El juez dijo que la circunstancia de realizar operaciones en un cajero automático por 20 minutos "no habilita la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau". El magistrado relató que "al ser aprehendido, los efectivos ni siquiera sabían porque estaban aprehendiendo al encausado en tanto se lo imputo del delito de Hurto lo cual refleja una actitud de los efectivos policiales".

A su turno, Villordo, el tercer magistrado en votar, se plegó a la postura anterior y votó por hacer lugar al hábeas corpus.

El fallo de la Cámara plantense llegó a los investigadores en una jornada en la que se estaban llevando a cabo declaraciones testimoniales de varios de los titulares de las tarjetas de débito. La causa estaba en manos del juez de Instrucción Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki.

Al conocerse el fallo, fuentes judiciales indicaron a PERFIL que por el momento la instrucción, que estaba en manos de la fiscal, no podrá continuar con la investigación. Para que haya un cierre definitivo de la causa debería apelar el fiscal de la Cámara ante el Tribunal de Casación.

 

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