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Padres de Micaela. (Foto: Juan José García).

Con la promulgación en Entre Ríos, solo cuatro provincias argentinas todavía no adhieren a la Ley Micaela

Con la promulgación en Entre Ríos, quedan solo cuatro provincias argentinas que aún no han adherido a la ley nacional, cuya principal imposición es la de que todas las personas que forman parte del Estado, se capaciten en materia de género y violencia contra las mujeres. Yuyo García expresó su deseo de que "este 2020 sea el año en que se implemente adecuadamente la Ley, buscando cambiar patrones de conductas de los agentes del Estado y no solo llenar registros con personas capacitadas".

 

La Legislatura entrerriana sancionó la norma a comienzo de este mes, y el Ejecutivo acaba de promulgarla formalmente tras la publicación en el Boletín Oficial. Además de adherir a la ley nacional, el proyecto establece la creación de un observatorio para el seguimiento de su aplicación. La Ley Micaela establece la “capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Néstor Yuyo García, el papá de la joven que se transformó en emblema de la lucha de las mujeres, expresó en sus deseos para el año 2020, que "éste sea el año en que las cuatro provincias que aún no han adherido a la Ley Micaela lo hagan a la brevedad, que los municipios y comunas sigan adhiriendo como lo vienen haciendo a lo largo y ancho de nuestro país". En efecto, Corrientes, San Juan, Tucumán y Formosa todavía no han adherido a la norma.

La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. El texto ahora vigente, creó además el “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres” que será presidido por la autoridad de aplicación e integrado por un representante del Poder Ejecutivo, uno por cada Cámara del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, un representante por cada Universidad Pública con asiento en la Provincia y tres de organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas cuyo objeto contemple la defensa de los derechos de las mujeres. “Sus integrantes desempeñan funciones ad honorem”, indica la norma.

Entre las funciones del Observatorio se encuentra el asesoramiento, participación y sugerencia en la materia y sus conclusiones serán elevadas, a través de la autoridad de aplicación, al Poder Ejecutivo para su consideración. Tras la promulgación, el gobierno de la provincia debe implementar un link de acceso directo en su página web cuyo contenido mínimo debe informar sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos, pero además tiene que elaborar indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo. También tiene que identificar a quienes están a cargo de las obligaciones emergentes de la norma así como el porcentaje de personas a las que se va capacitando. Entre ellas se incluye también a las máximas autoridades de la Provincia.

En su mensaje de buenos deseos, Yuyo García además expresó: "Que sea el año en que se implemente adecuadamente Ley, buscando el objetivo de cambiar patrones de conductas de los agentes del estado y no solo llenar registros con personas capacitadas. Que sea un año en que avancemos por tener el país que Mica soñó, un país de sueños colectivos que tengan en cuenta a todas, todos y todes". Que así sea.

 

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