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El Gobierno entrerriano va por las islas y los humedales

El objeto del proyecto, que tomó estado parlamentario el miércoles a través de la Cámara de Senadores, es el de “establecer un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica”.

La información se desprende del sitio oficial de la Provincia en dos noticias diferentes:

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Además, faculta a la emisión de “permisos de uso onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades productivas sustentables sobre los inmuebles contemplados en el presente régimen, mediante procedimiento público y de conformidad a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente”.

También se podrán dar permisos de uso gratuitos “a favor de pobladores o residentes habituales de islas y anegadizos, estableciéndose en la reglamentación los requisitos para acceder a los mismos y una unidad productiva”.

“Todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados en esta ley quedarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental que establezca la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos”, precisa el texto.

Los recursos que se generen a través de este mecanismo se destinarán a la realización de “obras de infraestructura en educación y salud pública en zona de islas y anegadizos de la Provincia, así como a atender al funcionamiento de la autoridad de aplicación en el marco de las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley”, agrega. El proyecto no especifica cuál será la autoridad de aplicación de la ley una vez sancionada.

• Antecedentes

En los primeros días de su segundo mandato, el ex gobernador Sergio Urribarri envió a la Legislatura provincia un proyecto de ley para regular la explotación de las islas fiscales, a través de una sociedad anónima de capital mixto (público y privado) que se llamaría Arroz del Delta Entrerriano SA y que tendría por objeto “ejercer la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la Provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo y la concesión para el mejoramiento, ampliación de su capacidad instalada, modernización, administración y explotación comercial de los puertos”.

El oficialismo tenía mayoría cómoda en Diputados y contaba con la totalidad de los Senadores, por lo que la iniciativa tuvo un rápido trámite parlamentario y fue sancionada el 16 de diciembre de 2011. Sin embargo, la presión de grupos ecologistas forzó al Gobierno a derogarla apenas después, en febrero de 2012. De esta manera, quedó vigente una normativa anterior que sólo permitía en estas zonas apicultura, ganadería o turismo.

 

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