El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Alejandro José Luis Almada, empleado de la Cámara de Diputados, fue demorado en un operativo de control de rutas que realizaba la Policía Federal en el Acceso Norte de Paraná.
Fuentes oficiales confirmaron a Página Judicial que el hombre es cuñado de Juan Pablo Aguilera y está imputado en la causa donde se investiga a la familia del ex gobernador Sergio Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito. Almada no pudo explicar por qué llevaba 371.400 pesos en el baúl del automóvil que conducía. El juez ordenó el secuestro del dinero.
Por JUAN CRUZ VARELA (*)
Un operativo policial de rutina en el acceso norte de Paraná derivó en el sorpresivo hallazgo de una importante cantidad de dinero que transportaba un hombre de 35 años que se presentó como empleado jerarquizado de la Cámara de Diputados y que resultó ser Alejandro José Luis Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera.
Almada circulaba a bordo de un automóvil Ford Focus, acompañado por su pareja y, según dijo, estaba de vacaciones en La Picada y se dirigía a Paraná.
En un primer momento, los policías federales que realizaban el operativo de control vehicular y documentológico le solicitaron su identificación y la del automóvil; y luego le pidieron que abriera el baúl, a lo que Almada intentó resistirse, aunque finalmente accedió. Para sorpresa de los efectivos, el único equipaje que había era una caja que contenía varios fajos de billetes de 50, 100 y 500 pesos que totalizaban 371.400 pesos.
Cuando los policías le preguntaron por el dinero, Almada dudó. No pudo explicar el origen ni por qué circulaba con esa cantidad de pesos. “Voy a ver si veo unos terrenos”, fue la explicación que ensayó. Pero no le creyeron.
Ante ese escenario, el juez federal David Chaulet ordenó la identificación de los ocupantes del vehículo, el secuestro del dinero y el inicio de un expediente para determinar su origen. Un hecho que no pasó inadvertido en el Juzgado Federal es que Almada está imputado en la causa donde se investiga a la familia del ex gobernador Sergio Urribarri por presunto enriquecimiento ilícito, que tienen a su cargo los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, en los tribunales provinciales.
Mientras tanto, el juez federal deberá disponer una serie de medidas de prueba tendientes a determinar si el dinero que transportaba Almada es de origen ilícito, concretamente, si proviene de algún robo o hurto, de lavado de activos, contrabando o evasión de impuestos. Para tratar de establecer la ruta del dinero, el magistrado cursará oficios a bancos, entidades de crédito y organismos públicos, se indicó.
Alejandro José Luis Almada tiene 35 años, es oficial de la Policía de Entre Ríos desde 2006 y socio de la empresa Next SRL, que se atribuye a su cuñado; es hijo del ex policía Héctor Luis Almada y hermano de Luciana María Belén Almada, que a su vez está casada con Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador Urribarri.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”. La maniobra se habría concretado “de manera arbitraria y constante” entre 2010 y 2015.
Almada padre, en tanto, es un policía retirado y fue quien facilitó la fuga del ex policía Carlos Balla, cuando estaba detenido por el crimen del escribano Rubén Calero, el 7 de noviembre de 1991. Fue exonerado de la Policía de Entre Ríos en enero de 1992. En abril de ese año volvió a ser noticia cuando lo detuvieron en Posadas por tentativa de contrabando y tenencia de arma de guerra (llevaba una ametralladora de asalto marca Uzi en un bolso). Por ambos hechos terminó condenado. Sin embargo, el 26 de febrero de 2007, Jorge Busti firmó un decreto conmutándole la pena de exoneración de la Policía por una sanción de 30 días de arresto, Almada fue reincorporado a la fuerza, ascendido al grado de Comisario General y retirado en el mismo acto administrativo.
(*) Artículo publicado en Página Judicial.
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