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EN EL MARCO DE LA CAUSA THIAGO ALBORNOZ

Denuncian a ex juez uruguayense por una decisión injusta

Este miércoles el ex juez de Garantías, Guillermo Tomás Rojas, fue denunciado por la supuesta comisión de prevaricato. Se trata de un delito en el que un juez toma una decisión conociendo que es injusta. Fue en el marco de la causa en la que se intenta determinar si hubo mala praxis médica en la muerte del pequeño Thiago Albornoz.

Según supo El Miércoles Digital, Hugo Albornoz, padre de Thiago, quien murió el 12 de julio de 2012 en el hospital Justo José de Urquiza, realizó una presentación en Tribunales en la que denuncia al recientemente jubilado Rojas por la comisión del delito de prevaricato, contemplado en el artículo 269 del Código Penal. Fue por haber admitido incorrectamente a dos testigos de la defensa de la médica Sonia Tolosa, quien llegó a juicio acusada de homicidio culposo por la muerte del niño de tres años en el nosocomio público.

Rojas, quien recientemente se acogió al beneficio de su retiro, fue acusado por Albornoz de haber dado el visto bueno para exponer en el futuro debate a dos médicos presentados por el abogado de Tolosa, como “testigos expertos” sin tener ninguna relación con el hecho (la muerte del pequeño Thiago).

Rojas fue acusado por Albornoz de haber dado el visto bueno para exponer en el futuro debate a dos médicos presentados por el abogado de Tolosa, como “testigos expertos” sin tener ninguna relación con el hecho.
Rojas fue acusado por Albornoz de haber dado el visto bueno para exponer en el futuro debate a dos médicos presentados por el abogado de Tolosa, como “testigos expertos” sin tener ninguna relación con el hecho. (Imagen: El Miércoles Digital).

En la audiencia de elevación a juicio, el ex magistrado admitió los dos testimonios, a pesar de conocer esta condición, por lo que tanto la Fiscalía como la Querella particular se opusieron. Luego, durante el debate oral y público, ambos testigos admitieron no serlo. Y por este detalle es por el que es acusado, ya que se trataría de una decisión injusta a sabiendas, acción que se enmarca en la figura de prevaricato, presente en el Código Penal, y que establece multas e inhabilitación absoluta perpetua.

Como corolario de un proceso de cuatro años desfilaron numerosos testigos técnicos, entre ellos dos de la defensa que habían sido admitidos por Rojas. Se trata de dos profesionales uruguayenses de la medicina que no habían estado en el lugar de los hechos ni realizaron pericia alguna en el caso. Pese a esto, durante el debate ni el fiscal, Fernando Martínez Uncal, ni el abogado querellante, Gustavo Soppelsa, se manifestaron nuevamente en contra, pero hasta que uno de los médicos –muy conocido socialmente- dio su testimonio en forma ampliamente favorable a Tolosa, pese a que –según reveló- conocía el caso por unas fotocopias que le había dado el representante legal de la imputada, Sebastián Arrechea. Una sumatoria de situaciones en el desarrollo del debate y la declaración del médico enfurecieron a la familia Albornoz, que decidió denunciar a Rojas.

Es que el funcionario admitió que estos dos profesionales, Julio Vega y Sergio Barbero, brinden testimonio como “testigos expertos” a pesar de la oposición de la Fiscalía y la Querella, que esgrimían que no eran “testigos” (primera condición que debían cumplir para tomar esa decisión) y los Albornoz ven con desconfianza la complacencia del Tribunal, conformado por Alberto Seró, Mariela Rojas de Di Pretoro y Alejandrina Herrero, hacia algunos requerimientos de la Defensa.

Por ese mismo resquemor es que los familiares del gurisito temen que la testimonial de Barbero, que actuó más como perito que como testigo y contradiciendo a varios de los profesionales que actuaron durante la causa, influya en los puntos de vista del Tribunal. Esto es lo que los llevó a denunciar a Rojas, puesto que el prevaricato provocaría la descalificación de la sentencia. Seró, quien dirige el Tribunal, les indicó que el camino formal para hacer la presentación era ante la Fiscalía en turno, hacia donde fueron los Albornoz. La causa estaría en manos de la fiscal Gabriela Seró, hija del presidente del Tribunal.

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