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ES JUZGADO POR ABUSOS

El cura Moya salió por la zona de estacionamiento de los jueces en Concepción del Uruguay

En los Tribunales uruguayenses, comenzó este jueves el juicio oral -aunque no público- contra el sacerdote católico Marcelino Moya, acusado de dos abusos ocurridos en Villaguay, en una causa iniciada en 2015. No se permitió ingresar a público ni a la prensa a la sala, y el cura fue protegido del contacto con los familiares de supuestas víctimas y de los medios utilizando para eso el estacionamiento destinado a los magistrados. El debate seguirá este viernes.

Empezó en el cuarto piso del edificio judicial de Concepción del Uruguay el juicio oral y no público contra Moya, imputado por dos hechos de abuso ocurridos mientras se desempeñaba en la ciudad de Villaguay, como producto del expediente iniciado en junio de 2015. Además de no permitirse el ingreso al periodismo para tomar imágenes en la previa del debate, el sacerdote tuvo un ‘privilegio’ que no tienen los ciudadanos ‘de a pie’: al terminar las declaraciones –por la mañana de este jueves- fue sacado de los tribunales por el estacionamiento vehicular destinado exclusivamente a los jueces para protegerlo del potencial contacto con familiares y medios de comunicación que aguardaban afuera. Por la tarde no se hizo presente porque vendrá sólo para los alegatos. Este viernes será la segunda instancia.

 

Por JORGE RUBÉN DÍAZ de EL MIÉRCOLES DIGITAL

Colaboración: M.B y M.R.

 

A las 9.30, el sacerdote ingresó por la puerta principal, sobre calle San Martín, junto a su abogado. Entró rápidamente e incluso sorprendió a los familiares de Pablo Huck, que estaban allí y no lo reconocieron por el aspecto desmejorado que presentaba. “Hacía mucho que no lo veía. Está irreconocible”, aseveró uno de ellos. Ante esa situación y el accionar de la seguridad apostada en Tribunales no se pudo acceder a tomarle una imagen, puesto que al percatarse que fue reconocido aceleró la marcha e ingresó hacia los sectores internos del edificio.

Tanto durante la mañana como por la tarde declararon testigos y denunciantes. Lo hicieron: Pablo Esteban Huck (uno de los acusadores, que lo hizo durante más de dos horas), Gabriel Ignacio Lucca, Manuel Edgardo Jesús Piemontesi, María Eugenia Londero y Zelmira Barbagelata Xavier (estos dos últimos a través de videoconferencia). También estaban citados: Roberto Esteban Huck, Mercedes María Virginia Escalante, Ernesto Emiliano Frutos Gabioud, Alberto Aníbal Van Haezevelde, Alberto Guillermo Fernando Larrondo, Héctor Hugo Frutos, Silvio Sebastián Sosa, Malvina Ayelén Pérez.

El tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay está conformado por María Evangelina Bruzzo, Fabián López Moras y Melisa Ríos. El Ministerio Público Fiscal está a cargo de Nadia Benedetti, de la Unidad de Villaguay. Días atrás, el abogado José Ostolaza renunció a la Defensa de Moya, por lo que éste contrató al colonense Rubén Darío Germanier.  Los abogados Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso son los representantes de la Querella. También intervienen los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra, quienes adelantaron que pedirán entre 15 y 20 años de cárcel en caso de que el clérigo sea encontrado culpable.

 

EL CASO

El médico Pablo Huck y el estudiante de Derecho Eduardo Frutos fueron quienes hicieron la denuncia contra el sacerdote. Lo acusan de que, cuando Moya llegó a la ciudad mediterránea como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada, abusó de menores en esos lugares “y quizá en otros tantos más”. Eso dice la denuncia que presentó el Huck el 29 de junio de 2015 ante la Justicia villaguayense, que los hechos  sucedieron a mediados de los años 90 y, dentro de los puntos de la denuncia, reveló que el sacerdote le practicaba sexo oral y lo masturbaba.

Dos años después, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que habían reclamado la prescripción de la causa, e hizo lugar al pedido conjunto de la fiscal Benedetti y los querellantes Montiel y Cosso, y decidió la elevación del expediente a juicio oral.

Esa resolución fue recurrida por la Defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción y confirmó la elevación a juicio. Por tercera vez la causa fue nuevamente recurrida, esta vez ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre del año pasado, ese tribunal también rechazó -en voto dividido- la prescripción. El proceso penal fue caratulado “Marcelino Moya s/Promoción de la Corrupción agravada”.

 

LA ESPERA DE LOS FAMILIARES

Mientras se producía el juicio, este sitio dialogó con María Sol y María del Huerto Huck, hermanas de Pablo, quienes aguardaron todas las instancias en la explanada del Centro Cívico. “Estamos con mucho nerviosismo. Hemos hablado con familiares del caso, que fue muy conocido, el del cura Escobar Gaviría, pero hay muchos otros y desde que iniciamos este recorrido conocimos, lamentablemente, infinidad de casos. Pablo se encuentra bien, tranquilo, lo importante es saber que la verdad tiene que salir y aquí estamos acompañando. Él sacó el dolor y lo transformó en ayuda para las personas que pasan por lo mismo. Siempre lo hace por la prevención, por eso estamos en contacto con familiares de otras víctimas, a raíz de eso conformamos esta asociación ‘Compromiso con Voz’ para ayudar en la prevención del abuso sexual infantil, y eso nos mantuvo en contacto con los otros casos”, contaron.

“Creo que de alguna u otra manera se está haciendo justicia.  Nos enteramos hace mucho tiempo, antes de que él mismo hiciera la denuncia, y después lo acompañamos en todo el proceso, que lo necesitaba hacer hasta que la pudo hacer”, expresaron.

“Moya fue nuestro profesor en la escuela secundaria religiosa, estaba a cargo de catequesis, era el guía espiritual, trabajábamos en la Acción Católica, en la Infancia Misionera... Teníamos mucha relación con él”, explicaron, y que no obtuvieron ninguna respuesta de parte de la Iglesia: “Todo lo contrario, aunque sí lo tuvimos de alguna gente que perteneció a la Iglesia, como el caso de los ex curas José Doumolín -que desde un principio estuvo con nosotros- y también de parte del padre José Carlos Wlender. ¿La Iglesia? Nada, se hace la sorprendida como institución, siempre intentaron minimizar la situación y dejarnos parados como si esto fuese una lucha contra la institución, cuando fue el cura el que utilizó a la Iglesia como un medio para lograr lo que quería. Él y tantos otros”.

“A la Asociación se acercó mucha gente de Villaguay, amigos de Pablo, conocidos, pero también hay otros sectores que creen que lo que nosotros hacemos es mentira, son más conservadores y aún siguen enceguecidos por determinadas cuestiones. Tenemos muy adentro el tema de la religión y la Iglesia, y eso hace que mucha gente no pueda, y quiera tapar el sol con la mano”, comentaron preocupadas.

“Estamos completamente seguras de que, lamentablemente, hay muchas más víctimas que siguen calladas. Esto ayuda a que recapaciten y terminen su proceso para poder hablar. Sabemos que lleva su tiempo, a Pablo le llevó. Es necesario”, reflexionaron.

“Desde la Asociación acompañamos en muchos casos de abusos, no sólo de la Iglesia. El abuso infantil ocurre en todos los ámbitos, desde las familias y en todas las instituciones”, recalcaron, y reclamaron: “Esperamos que haya un cambio en la Justicia a partir de los casos conocidos como el de Gaviría. Poner al cura en el banquillo es histórico, impensado hasta un tiempo no muy lejano”.

“Sobre si hay otros casos, eso tiene que ver con la Justicia y con las denuncias. Podríamos hablar y decir cosas que, si no están denunciadas, no tendrían su peso necesario. Todo se irá dando, sabemos que eso será así”, aseguraron.

 

APOYO DE LA RED

La platense Liliana Rodríguez es psicóloga de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de la Argentina y estuvo presente en esta jornada. Esta red, que funciona desde hace cinco años, está integrada por más de un centenar de personas que han vivido esas experiencias traumáticas. El objetivo de esa organización es la “de sostén ante la soledad que significa recordar, hacerla pública, la denuncia, atravesando procesos dolorosos”. La profesional explicó que “apuntan contra la metodología de abuso, encubrimiento y maltrato de toda la escala jerárquica que lleva adelante la Iglesia Católica, no contra la fe de las personas”.

Liliana Rodríguez viajó desde La Plata.

SIN ACCESO A LA PRENSA Y SOBREPROTEGIDO

El juicio oral y no público implica que no se pueda ingresar a la sala de audiencias, pero en esta oportunidad, y por decisión de Tribunal, siquiera existió la posibilidad de tomar imágenes del inicio del debate, donde se registran las partes intervinientes.

La protección del imputado no solo se limitó a esa resolución: alrededor de las 14.15, cuando finalizaron las declaraciones de los testigos en el turno matutino, la Policía de Entre Ríos (apostada en el lugar y a cargo del operativo de seguridad), en lugar de sacar al cura por la puerta de acceso principal o –siquiera- por la salida lateral donde habitualmente se retiran a los imputados y/o condenados, lo hicieron por la parte de atrás del edificio tribunalicio, por la zona de estacionamiento, cuyo ingreso y salida por calle Alberdi está destinada exclusivamente a los jueces, según pudo constatar El Miércoles Digital.

Ese hecho demuestra el poder que representa la Iglesia Católica en determinados ámbitos de nuestra Justicia y la Policía provincial. Es un privilegio con el que no cuenta el resto de los ciudadanos/as no cuentan.

Al margen de este hecho, en la Justicia local es complicado acceder a realizar entrevistas con los funcionarios judiciales; algo que es común y corriente en otras ciudades como Gualeguay o Paraná, por ejemplo. Sin la intención de entorpecer un secreto de sumario, el hermetismo por parte de quienes deben impartir justicia, investigar y acusar, no sólo atentan contra el libre ejercicio del oficio del periodismo, sino también -y es lo más importante- al derecho natural de la ciudadanía a tener conocimiento de las causas que son de interés público. En ese sentido, Concepción del Uruguay está muy atrasada.

 

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