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Pensiones por discapacidad

Son decisiones políticas, no errores

En unas pocas horas el gobierno nacional eliminó miles de pensiones, y las repuso nuevamente. Pareció una perversión: “como juega el gato maula con el mísero ratón”.

Hay una Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad. La Argentina la ratificó  hace 17 años. A pesar de ello el gobierno nacional suspendió el pago de pensiones, contraviniendo todas las reglas. Alega  que muchas se consiguieron en forma fraudulenta. Siendo ello posible, viola la garantía constitucional del derecho a defensa. No se trata de errores sino de decisiones políticas.

 

Por ANÍBAL GALLAY especial para EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Hasta hace algunas décadas el nacimiento de un niño discapacitado generaba culpas. Para la sociedad en general se trataba de padres viciosos (amplísima presunción) y para la Iglesia fruto del pecado.  En la película “Esperando la carroza” uno de los personajes explica: “es una opa que tienen escondida hace veinte años…” Era habitual  avergonzarse de un familiar tuviera alguna discapacidad mental: opa, mogólico, tarado, deficiente mental eran expresiones  para referirse a estas personas. Se siguen escuchando, aunque con menor asiduidad. La discapacidad puede ser congénita, o sobrevenida. Esta última como resultado de un accidente, o de una enfermedad.

Los tiempos han cambiado en cuanto al reconocimiento de los derechos. En 1999 la OEA aprobó la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad. Un año después la Argentina ratificó dicha convención, por ello su cumplimiento es obligatorio.

DECISIONES POLÍTICAS

El gobierno del ingeniero Mauricio Macri a través del ministerio de Desarrollo Social suspendió el cobro de miles de pensiones no contributivas. Entre ellas las destinadas a los discapacitados. Para serlo se requiere un 76 por cien de imposibilidad física, sensorial o mental para autosostenerse, y que quienes están obligados no tengan recursos suficientes para ello.  La ola generalizada de repudio, de propios y extraños,  logró que la ministra de Desarrollo Social vuelva sobre sus pasos, dejando sin efecto esta decisión.

El principal argumento gubernamental indica  que hay personas que no son discapacitados y reciben una pensión. En Chaco, Santiago del Estero y Formosa el 8 por ciento de la población recibe pensiones por invalidez. ¿Hay pensiones truchas? Es muy probable. Cuando la Nación pone en marcha este tipo de planes en las provincias más pobres se trata de incluir allí la mayor cantidad de gente posible. En esas provincias la pobreza llega al 60 por ciento,  de modo que es habitual  “sugerir” a los médicos cierta laxitud en el diagnóstico. Algo así como pensiones a la pobreza.

DERECHOS ADQUIRIDOS

Para el gobierno del ingeniero Macri, son todos malhechores hasta que demuestren lo contrario.  El concepto atrasa unos trescientos años.

La decisión administrativa de suspender todas las pensiones era técnicamente arbitraria lesionando derechos subjetivos. Esta es una elemental cuestión técnica.

Para decirlo con más nitidez. El gobierno debió notificar  a cada uno de los discapacitados esa decisión y darle la oportunidad para defenderse. El derecho a la defensa es una garantía constitucional.  La decisión del gobierno de dar marcha atrás le evitó una catarata de amparos  y las consabidas medidas cautelares disponiendo la restitución de las pensiones.

Pero no se trató de un error, sino de una decisión política. Así como suprimir el beneficio de la devolución de cinco puntos del IVA,  eliminar la gratuidad de los medicamentos a los jubilados y otras similares.

Esquilmar a los más pobres y enriquecer a los más ricos es la senda elegida.

rubengallay@hotmail.com

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