El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
¿Cómo se conectan las estafas por las que fue condenado en Ushuaia el inversor del proyecto Rincón de Urquiza, José Alberto Segovia, con la iniciativa de crear un barrio privado sobre una zona protegida ambientalmente? Aquí se explica esa conexión, que aparece en la causa judicial por estafas en la que Segovia fue embargado e inhibido.
Por A.S. de la REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
Como explicó este sitio en notas anteriores el empresario José Alberto Segovia fue embargado e inhibido en una causa judicial por estafas en el sur del país, más precisamente en Ushuaia (Ver nota haciendo click aquí). Segovia es el impulsor del fideicomiso “Rincón de Urquiza”, con el que pretendía construir un barrio náutico en la zona de humedales lindera al Banco Pelay, en Concepción del Uruguay.
La iniciativa fue frenada por la municipalidad uruguayense que la rechazó por razones de protección ambiental. El proyecto había conseguido algunos avales en el gobierno entrerriano, y el empresario demandó al Estado municipal por no permitirle llevar adelante su proyecto.
Radicado durante años en Tierra del Fuego, Segovia es titular o co-responsable en diferentes empresas vinculadas a negocios inmobiliarios o a obras públicas, en Tierra del Fuego y en Entre Ríos. A fines de 2021, el empresario y la sociedad anónima que encabeza (Development y Schedulling S.A.) sufrieron la “inhibición general de bienes” dictada por la justicia de la provincia de Tierra del Fuego.
Lo que devela esta nueva nota, en exclusiva, es la conexión de aquella estafa con los fondos utilizados para impulsar el fideicomiso Rincón de Urquiza, otro aspecto de la trama de opacidad que es la marca de la iniciativa frenada.
La estafa
La decisión fue en el marco de la actuación judicial que se tramitó durante todo ese año contra Segovia y su empresa por “Estafa”, acumulando al menos dos denuncias previas promovidas como denunciantes por Romina Lammic en un caso, que lleva el número 34739/2021, y por Sylvina Edith Luna en el otro caso, que lleva el número 35543/2021.
La denunciante: Romina Lammic.
La denuncia fue contra la empresa y contra el propio José Alberto Segovia, y otras personas vinculadas (Natalia Zoratto, Marcela Barona, María Victoria Segovia, Luis Nemesio Fernández y otros).
A Segovia se lo investigó por haber defraudado a Lammic y a Luna “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Todo ello en un emprendimiento titulado como “Fideicomiso Residencial Fernández”, que construiría un edificio céntrico en Ushuaia.
Las denunciantes pagaron mucho dinero (“todos los ahorros de mi vida” explicó una de ellas) en cuotas que se iban actualizando por el índice de la construcción, para adquirir departamentos en ese edificio.
Supuestamente se construirían 26 unidades funcionales para vivienda y 4 locales comerciales. Pero cumplido el plazo de entrega (en mayo de 2019) no hubo entrega ni respuestas claras. La abogada Lammic decidió investigar por su cuenta y encontró que el fideicomiso era vaciado y sus fondos derivados a otros rumbos.
La investigación
Entre mayo de 2017 y septiembre de 2019, la abogada Lammic le pagó al Fideicomiso Fernández más de tres millones de pesos de entonces (para ser exactos: 3.196.145 pesos) por dos unidades funcionales en el edificio que construirían. En total equivalían a 190 mil dólares (es decir que hoy equivaldrían a unos 250 millones de pesos). Lammic usó para ello los ahorros de toda su vida y las propiedades que poseía antes de instalarse en Tierra del Fuego.
Facsímil de la causa judicial.
Ante la demora en la entrega, ya que Segovia iba “pateando” la fecha, la abogada reclamó por carta documento y notó que el empresario “comenzó a comportarse esquivo para con ella y no brindó en ningún momento la información requerida”.
Al iniciarse las acciones judiciales, el juzgado constató que los trabajos estaban paralizados, ya que la pericia indicó que el edificio sobre una de las calles tenía un avance de obra cercano al 45 % mientras que el otro sobre otra calle estimaba en un 10% al 15 % de la obra.
Ante la poca acción de la justicia fueguina, la abogada decidió emprender la investigación por su cuenta: “Al ser abogada estoy habilitada a conseguir esta información, pero hay otras personas que no son abogadas, no hubieran podido, tampoco se les hubiera ocurrido”, explicó en una entrevista. Gracias a las investigaciones de Lammic se pudo constatar que no era imaginación de la demandante: “Cuando yo me hice del expediente del Fideicomiso Residencial Fernández, vi lo que hicieron con los inmuebles, vi cómo cómo vaciaron la sociedad”.
El edificio paralizado en la capital fueguina.
Fue esa prueba, adjuntada en el trámite judicial, lo que permitió acreditar que Segovia al tiempo que habia abandonado el edificio en Ushuaia, se había dedicado a otros emprendimientos en Entre Ríos: el Fideicomiso Rincón de Urquiza y varias licitaciones en la zona, aunque con otro nombre: la empresa ahora era Clean Planet S.A. y la firmante del contrato de adjudicación la hermana del empresario, la señora Rosa Estela Segovia.
Segovia, que en el noticiero local conducido por Diego Alvarez había hecho anuncios luego desmentidos por el municipio, también se pavoneó en redes sociales de que “hoy comenzamos a cerrar ortos”, ya que “volvemos a ponernos en marcha” con el proyecto Rincón de Urquiza. Duró poco: apenas unos días después EL MIÉRCOLES publicó el informe sobre la condena al empresario.
Por esa razón en la causa se interpretó que la parálisis del emprendimiento no se debía a vaivenes comerciales o a insolvencia de fondos de la empresa, “sino que demuestra que ha preferido invertir en otros negocios y continúa incumpliendo las obligaciones asumidas”.
La conexión con "Rincón de Urquiza"
Empezaba a quedar claro que el fideicomiso en Ushuaia existió solo en su apariencia y fue utilizado para provocar los pagos de los aportes (“acto dispositivo de propiedad pecuniariamente perjuidicial”), de las personas que habían adherido. Segovia tenía el 50% del paquete accionario, y era apoderado desde el año 2011.
La obligación por contrato era transmitir inmuebles a los estafados en seis meses contados desde la firma del contrato de fideicomiso. Nunca lo hizo. El vencimiento era a fines de 2016, se construirían 26 unidades funcionales para vivienda y 4 locales. El monto total del desfalco se calculó en 1.890.000 dólares, es decir el total del dinero entregado por los inversores estafados.
Y aquí viene la conexión directa con Rincón de Urquiza: como parte de la disputa judicial, se obtuvo una copia de balance cerrado a junio de 2018, a través del que pudo verificarse que los fondos aportados por los adherentes al Fideicomiso Fernández, en una gran parte, habían sido prestados en un valor de 16 millones de pesos para iniciar el Fideicomiso Rincón de Urquiza, en abril 2018, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
El resto fue retirado por los socios en distintos conceptos. Pero el dinero inicial para el proyecto de Segovia en la Histórica ya venía manchado con la estafa en Ushuaia.
Las licitaciones en Entre Ríos
Para fines de 2021, la demanda inicial había dado origen a por lo menos cinco expedientes judiciales contra Segovia o su empresa, en todos los cuales la denunciante era la abogada Lammic; por estafas (expediente 34739), cautelar por daños y perjuicios (expediente 28.463), corrimiento del velo societario (expediente 28.940), acción de inoponiblidad (expediente 28.960) y acción subrogatoria (expediente 29143).
La abogada Lammic, mientras investigaba la situación financiera de Development & Schedulling S.A., se enteró de que esa sociedad era adjudicataria en al menos siete licitaciones públicas en Entre Rios, particularmente en las municipalidades de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
Después de varios trámites la denunciante consiguió que la jueza fueguina ordenara el embargo sobre los fondos que Segovia y Development & Schedulling pudieran cobrar en Entre Ríos.
La jueza Barrionuevo entendió que “las probanzas de autos permiten por tener configurados los extremos legales aludidos” y en consecuencia ordenó que se trabara “medida cautelar de inhibición general de bienes”.
El silencio de Segovia
El resto es la historia que ya narramos: el 17 de diciembre firmó la inhibición de bienes y trabado de embargo para Segovia y para la empresa. En julio de 2022 se envió la notificación a los municipios de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú para que lo ejecutaran ante cualquier pago a realizar en beneficio de Segovia, ordenando que “las sumas que tenga a derecho a cobrar el demandado” se transfirieran al Banco Provincial de Tierra del Fuego, a una cuenta especial creada a tal fin, para reponerle a los demandantes.
Segovia, que en el noticiero local conducido por Diego Alvarez había hecho anuncios luego desmentidos por el municipio, también se pavoneó en redes sociales de que “hoy comenzamos a cerrar ortos”, ya que “volvemos a ponernos en marcha” con el proyecto Rincón de Urquiza.
Duró poco: apenas unos días después EL MIÉRCOLES publicó el informe sobre la condena al empresario. Ahora se cierra el círculo al mostrar cómo aquella estafa se conecta de manera indisoluble con el proyecto, no solo rechazado por razones ambientales, sino ahora también manchado por ser dinero sucio desde su propio inicio. Segovia sigue en silencio.
Agradecemos la colaboración del periodista fueguino Gabriel Ramonet
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