El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Jorge Rodríguez, director de Vialidad provincial, fue denunciado penalmente por supuestos manejos irregulares en la administración de dinero público. La demanda fue promovida por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná) y Jorge Monge (UCR-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.
Entre la prueba ofrecida para abrir la causa se adjuntaron tres páginas de una investigación publicada por la revista ANÁLISIS en julio de 2015. “Ese funcionario público habría incurrido en la comisión de conductas que evidenciarían una confusión entre el patrimonio público que administra y el patrimonio que podría disponer con fines privados. Tales actividades en general se vincularían a la promoción y/o exaltación de la personalidad del propio funcionario, presuntamente relacionados con la disputa política en la fuerza política oficialista”, advirtieron los legisladores.
En julio de este año, el periodista Jorge Riani dio a conocer a través de la publicación en papel de la revista ANÁLISIS, supuestos manejos irregulares de dinero público por parte del titular de Vialidad provincial, Jorge Rodríguez. La nota inquietó a los diputados provinciales Bargagna y Monge, quienes a través de los representantes legales Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira, acaban de presentar una denuncia penal a la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
En la demanda dirigida a Jorge García, máximo representante del Ministerio Público Fiscal, los diputados enumeran una serie de hechos que piden sean investigados judicialmente. Uno de los escollos a ser dilucidado por la Justicia está en la supuesta utilización de dinero de Vialidad para construir aulas de la Escuela “Heraclia Ruiz Díaz”. “Tales obras habrían sido llevadas a cabo sin la correspondiente licitación pública”, advirtieron en la denuncia.
Por otro lado, se pidió una pesquisa sobre la administración de un sitio digital de la Dirección Provincial de Vialidad, denominado “Gestión Entrerriana”, el que se utilizaría como medio de difusión para la campaña política.
Pero esos no son los únicos hechos que se denuncian. También se hizo una campaña solidaria para ayudar a la comunidad indígena de Chaco, pero no se conocer si lo recaudado llegó a los verdaderos beneficiarios. “Junto al Arzobispado, parroquias y escuelas de Paraná habría llevado adelante una campaña solidaria para las comunidades Wichi del Impenetrable -actitud muy loable, por cierto, y que todos compartimos, salvo por el modo como se habría concretado-, que genera sospechas incluso de que tampoco habría llegado a los eventuales beneficiarios”, se indica en la demanda.
En la denuncia presentada al procurador Jorge García, se ofrecieron pruebas y se pidió que se libre oficio a varios organismos como el Tribunal de Cuentas de la provincia. Por último, se solicitó que los “presuntos hechos y actos sean encuadrados en tipos penales de Delitos contra la Administración Pública”.
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