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VIDA: “Hay que cambiar el chip para hacer una cooperativa”

A casi dos años de la quiebra de “Vida”, la empresa de emergencias médicas que opera en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, dos de los trabajadores que la recuperaron en forma de cooperativa –Marita Taborda y Pascual Pontelli– cuentan avatares, dificultades y logros de la experiencia construida.

Por A.S.

Marita Taborda es secretaria del Consejo de Administración y Pascual Pontelli es el síndico de la Cooperativa VIDA, la experiencia cooperativa creada por medio centenar de trabajadores de la quebrada empresa, que sigue creciendo paso a paso, superando trabas burocráticas y dificultades surgidas de la realidad cotidiana.

Pascual, que tiene muchos años de trabajo en la empresa, destaca el logro de haber mantenido la fuente de trabajo, y en especial el apoyo de las personas afiliadas al servicio: “Prácticamente ninguna se fue”, aunque sí, paradójicamente, perdieron convenios con dependencias estatales, que deberían ser las primeras en apoyar el emprendimiento.

“La gran espalda para que esto continuara fueron nuestros propios socios. Nos preguntaban dónde tenían que firmar para que siguiéramos”.

Entre desazones, burocracia, trabas de todo tipo, y al mismo tiempo apoyos valiosísimos de la comunidad, de otras cooperativas, del Estado en diferentes niveles, y de los propios médicos de la empresa, ambos destacan el aprendizaje permanente que requiere embarcarse en una decisión como ésta: “Nadie tenía idea de cómo funcionaba una cooperativa, en qué consiste. Nadie sabía cómo era esto de que la empresa esté en nuestras manos. Ahora sabemos que hay que cambiar el chip que traemos”, dice Marita, que trabaja en Vida desde que se fundó la empresa.

Por otro lado, ¿qué pasa con el rol del Estado en relación a iniciativas como ésta? La Constitución provincial dice en su artículo 76 que el Estado: “Estimulará la tendencia cooperativista, mutualista, asociativista, y la conformación de empresas de la economía social, basadas en los principios del bien común y en la gestión solidaria. (…)  En las licitaciones y concesiones de servicios públicos que realice el Estado, en igualdad de condiciones, serán preferidas estas organizaciones. Alentará la propiedad y gestión cooperativa de empresas por sus trabajadores.  (…) Brindará tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza, y podrá concederles exenciones fiscales…”.

¿Cumple el Estado con esas obligaciones cuando un grupo de trabajadores y trabajadoras como es el caso de VIDA, deciden no bajar los brazos y ponerse al frente de la recuperación de una empresa quebrada o vaciada? ¿Se ocupan los funcionarios de ponerse a disposición y apoyar, sobre todo en momentos de recesión, de ajuste y despidos, cuando un emprendimiento cooperativo demuestra que se puede hacer con esfuerzo pese a que en la práctica no existe ese marco de apoyo tan explícito delineado en la Constitución?

De todo eso conversamos con Marita y Pascual.

A dos años de la quiebra ¿cómo están?

P: Bien, con ciertas expectativas de lo que sucederá en un par de meses. Contentos porque hemos sumado una nueva ambulancia. A fines de noviembre del año pasado se nos hizo efectivo un subsidio del INAES que en aquel entonces era para comprar más o menos tres ambulancias.

En el medio el dólar se fue a las nubes.

P: Totalmente. Solo pudimos comprar una ambulancia totalmente equipada de alta complejidad.

M: Ya tenemos una de la cooperativa que la compramos gracias a la Río Uruguay y con mucho esfuerzo personal, porque realmente equipar una ambulancia cuesta. El año pasado lo pudimos hacer y la pudimos habilitar como una unidad de alta complejidad, que ya es de la cooperativa.

Hagamos un poquito de historia.

P: Dale. El 31 de julio se cumplirán dos años de la presentación de quiebra de VEM SA (Vida Emergencias Médicas Sociedad Anónima). En ese momento, el 1º de agosto de 2016, quedamos en la incertidumbre, en una situación muy complicada y muy sufrida por todos los compañeros. Pero cuando surgió la iniciativa de comenzar con esta idea cooperativa, tuvimos el apoyo del intendente (José Lauritto), de otras fuerzas políticas, de las cooperativas que se arrimaron enseguida a apoyarnos y apuntalarnos, en especial la Río Uruguay (RUS) nos dio un gran apoyo. Así que arrancamos como tal y el juez Agustín Weimberg tomó parte en el asunto con una síndico en la empresa tratando de hacerla viable.

No siempre la justicia actúa de ese modo. Fue algo valioso.

M: Sí, creo que es la primera vez que se da que la empresa presente quiebra y se da la continuidad inmediata. No hubo interrupción. Y eso fue importante para nosotros porque los socios tenían que seguir teniendo el servicio. Al ser un servicio de emergencia no lo podés cortar, porque, como es lógico, el socio busca otra alternativa.

Y hay una responsabilidad social con la comunidad.

M: Exactamente. Por eso los mismos trabajadores decidimos darle continuidad. Hubo varios días que continuamos dando el servicio solos, cuando no se sabía qué pasaría.

P: Las primeras semanas todo fue muy angustiante, no sabíamos lo que iba a pasar. El socio se arrimaba con esa incertidumbre, nos preguntaban dónde había que firmar para que esto continuara. Por suerte la Justicia obró rápido en ese aspecto, vio la necesidad de sostener las fuentes de trabajo, y así seguimos trabajando.

¿El juez sigue siendo el mismo?

M: No, han pasado dos jueces. Ahora es Máximo Mir que se hizo cargo en agosto del año pasado.

“Al cooperativismo lo vine a encontrar en esta circunstancia, pero sería maravilloso que desde la escuela se fomente”.

¿Qué pasó tras esas zozobras iniciales?

P: Además de las instituciones y personas que se acercaron, la gran espalda para que esto continuara fueron nuestros propios socios. Eso fue vital. Porque se trata de una empresa de servicios donde el contacto cotidiano es de una persona a otra, no hay un producto de por medio. Entonces en esa comunicación está el ida y vuelta y el apoyo que encontramos enseguida en nuestros socios. Muchos se angustiaban con nosotros: “¿Quién va a ir ahora hacerme el control de tensión arterial?”, por decir algo tan elemental. Si bien tenían otra empresa para elegir pero esa vinculación diaria ya la perdés.

Además se trata de relaciones personales que vienen desde hace muchos años.

P: Claro. Marita, por ejemplo, fue la primera empleada que entró a VIDA y continúa a la fecha.

M: La mayoría somos empleados con mucha antigüedad, entonces los socios conocen al enfermero, al telefonista, saben el nombre y saben quién es. Hay mucha cercanía entre el socio y el empleado.

Ahora no son más empleados ¿verdad? Al ser cooperativa.

P: Es que a los efectos legales seguimos siendo “VEM SA continuidad”, desde que el juez interviene a través del síndico. Nosotros funcionamos como cooperativa, pero legalmente sigue siendo así. Es una de las cosas que nos está faltando.

Es decir pese a que hace dos años ustedes trabajan como cooperativa, legalmente todavía la cooperativa no es la dueña.

P: Así es. Y ahí está la falta de información, de preparación. Porque nos hemos encontrado con muchas piedras en todo este tiempo. Nosotros pensábamos: “Listo, VEM SA se terminó y nosotros es como si heredamos esa estructura y seguimos siendo la misma empresa”. Pero no es tan fácil. Porque desde el momento que pasamos a ser cooperativa pasamos a ser otra empresa de salud, y entonces aparecen requisitos de Salud Pública, tenemos que estar habilitados como cooperativa de servicios de salud para transferirnos esta empresa.

¿Y cómo van con esos requisitos?

M: Vamos de a poco. Se nos exigía dos ambulancias equipadas, el espacio físico donde estamos operando tenía que reunir una serie de condiciones, que no las tenía. Es decir que mientras era VEM SA, no los cumplía, pero sin esos requisitos que exige Salud Pública, no podríamos estar habilitados para prestar atención al público.

Es un poco paradójico que como empresa no lo cumplía pero como cooperativa se los exijan.

M: Y sí. Pero legalmente la cooperativa es una nueva empresa, constituida en diciembre de 2016. Durante todo el año pasado equipamos una ambulancia, que la recibimos a través de la Río Uruguay, y a su vez tuvimos que hacer una serie de modificaciones. La Río Uruguay nos financió la compra de dos vehículos: uno fue a Gualeguaychú y otro acá.

“Los médicos no tenían relación de dependencia, facturaban. Sin embargo se sumaron a la cooperativa. Un gran gesto, un apoyo imprescindible”.

P: Nosotros nos hicimos cargo del equipamiento de esos dos móviles. En ese momento pensabámos que era inminente el paso de la empresa a la Cooperativa, pero lamentablemente ya pasó más de un año y todavía no se produjo. Con la RUS somos afortunados de tener un excelente convenio, el conocernos nos permitió y facilitó esta posibilidad.

También ayudó el espíritu cooperativista, de ayuda mutua entre cooperativas.

M: Sí, eso se dio en nuestro caso, y fue una ayuda muy importante.

P: Las cooperativas que enseguida se nos arrimaron fueron Credicoop, Copul, y desde luego la RUS.

¿Qué falta para concluir los trámites para ser habilitada como cooperativa de servicios de salud?

M: Salud Pública nos exige dos ambulancias por cada sede: dos acá y dos en Gualeguaychú. Hicimos habilitar el lugar físico, que es donde siempre funcionó la empresa, tuvimos que hacer reformas e hicimos habilitar una de las ambulancias para prestar atención al público. Necesitábamos otra ambulancia, la que compramos ahora y con esta tendríamos la habilitación definitiva.

Y eso permitiría que el juez acelere el traspaso de la ex VEM SA a la Cooperativa.

P: Sí, pero está en el medio toda una infraestructura, los muebles, las computadoras y una serie de cosas, pero no queremos llegar a esa instancia porque estamos esperando esa indemnización, las vamos a terminar comprando con nuestra plata.

Es decir que todo lo que forma parte del trabajo cotidiano, todavía no les pertenece.

M: No. Solo las ambulancias. Eso hay que dejarlo en claro, porque hay cinco ambulancias, porque hay una que está en otro lado, dos directamente no funcionan o no están en condiciones para prestar ese servicio, y estamos trabajando con un móvil que es de la empresa, pero hay dos móviles que ya son de la cooperativa.

Y la expectativa es que todo eso sea de la cooperativa cuando se concluya el proceso.

P: Exactamente. Ahora se puso un precio, mediante un trabajo que hizo la Universidad (ver aparte).

M: En sí la empresa, el valor que tiene no es mucho, porque los móviles, la infraestructura son todos vehículos viejos, incluso Salud Pública nos dijo que los otros vehículos viejos no pueden usarse de ninguna manera para prestar servicio a la comunidad, se puede para hacer trámites o lo que quieran. Y ahí fue que nosotros pusimos a disposición al primer vehículo, el que equipamos, para continuar trabajando.

 

LAS TRABAS DEL ESTADO Y LA BUROCRACIA

¿Les pasó, como ocurre con quienes nos metemos en la aventura cooperativista, que terminaron siendo especialistas en temas sobre los que no tenían idea: cuestiones legales, contables?

M: Y sí. Cosas que desconocíamos, tuvimos que empezar a empaparnos en todo eso.

P: La habilitación nos llevó a tener que leer la letra chica de cada ley u ordenanza para adecuar la empresa a esa exigencia, que por otra parte está más que correcto. Uno desde la ignorancia pensaba “si la empresa estaba trabajando así, habilitada, nosotros continuamos trabajando”. Y no es así, nosotros somos otra empresa. Después nos encontramos con los tiempos de la Justicia como también de la burocracia del Estado. Las cosas en Paraná salen rápido pero de ahí a que venga un auditor a hacerte la inspección a tu empresa, podés esperar un buen tiempo.

No responde a los tiempos que uno quisiera.

P: Nos pasaron cosas algo cómicas. Venía un funcionario con las cosas a auditar. Creo que auditó un apoyabrazos en un sanitario y un grupo electrógeno. Y había seis o siete cosas para auditar, que exigían para funcionar. Entonces le decimos “pero ya que estás, seguí con lo otro”. Pero “no, yo no me encargo de eso, de eso se encarga otro” (risas). Y así por cada cosa pendiente había que esperar a otra inspección.

“Ponemos todo. Para equipar el primer móvil pusimos nuestros aguinaldos”.

M: La primera inspección que nos hicieron fue el 28 de septiembre y la habilitación provisoria, porque en ese momento faltaba la segunda ambulancia para tener la habilitación definitiva, llegó en los primeros días de marzo.

Seis meses. Un poco mucho. ¿No cayó la cantidad de socios?

P: No. No hemos perdido socios. Aunque se nos cayeron algunas instituciones gubernamentales, de nivel nacional, las áreas protegidas, que sí o sí necesitaban imperiosamente una empresa que esté en regla porque se los exigían. Esperamos que algún día vuelvan. Pero en cuento al socio particular, para nada decayó la cantidad.

 

LOS INTEGRANTES Y LA SUMA DE LOS MÉDICOS

¿Cuántos eran los miembros de la empresa antes?

M: Somos 42 quienes conformamos la cooperativa. De todos los empleados que estábamos en relación de dependencia, la mayoría pasó a integrar la cooperativa. Hubo seis que se fueron, tres de acá y otros tres de Gualeguaychú. La mayoría se quedó. Y otra cosa importante fueron los médicos: ellos no estaban en relación de dependencia con la empresa, ellos facturaban. Sin embargo, salvo uno, están formando parte de la cooperativa. Fue un gran gesto y un apoyo imprescindible porque sin médicos no podemos continuar.

Cada gesto y cada apoyo renueva las fuerzas ¿verdad?

M: Sí, porque en lo legal estamos standbye hace dos años. En una transición que nos estanca. Y todo lo que hemos hecho es a fuerza de pulmón, para todo tuvimos que poner plata de nuestro bolsillo: para poder lograr la habilitación todos poníamos nosotros, porque la cooperativa no factura, seguimos siendo los empleados de VEM SA.

P: Por ejemplo, para equipar el primer móvil que nos facilitó la RUS, tuvimos que resignar nuestros aguinaldos. Hicimos un paquete entre varios compañeros y pudimos hacer una entrega importante, y después fuimos completando.

Hay un importante compromiso solidario. ¿Qué papel  está jugando el Estado en todo este proceso de ustedes? Porque nuestra Constitución provincial dice que el Estado debe apoyar a las cooperativas y apoyar que las empresas sean propiedad de sus trabajadores.

P: La fuente de trabajo –por suerte– se sostiene, no como uno pretende pero se sostiene, pero las dificultades del país son críticas cada día. La empresa no se cerró, nosotros seguimos manteniendo nuestra fuente de trabajo, seguimos brindando el mismo servicio de calidad que siempre se brindó, y de alguna manera estamos todos, llámese empresa, empleados, ciudadanos, cubiertos con las expectativas. Pero no se avanzó. La Justicia tiene sus tiempos, al igual que la burocracia del Estado y las cuestiones económicas te llevan a que tengas pensado comprar tres ambulancias y te alcanza para una y media. Al cooperativismo yo lo vine a encontrar en esta circunstancia, sería maravilloso que desde la escuela primaria, secundaria, se fomente esto, como otra alternativa de sostener una fuente laboral. Por ahí hemos pasado por muchos años de formación y esas cuestiones no se ven o no se quieren dar. Tenemos mucho por seguir aprendiendo, porque nosotros tenemos que hacer más escuela adentro de VIDA, y esa es una autocrítica que me hago, de seguir trabajando en una educación que vaya hacia el cooperativismo.

M: Todos vamos aprendiendo a lo largo de estos dos años. Somos casi todos de la misma edad. No teníamos ninguna formación en cuanto a lo que era una cooperativa. Hablábamos pero nadie tenía idea de cómo funcionaba, en qué consiste, en que también hay que cambiar el chip, para poder ser dueños de nuestro propio presente y de nuestro futuro.

“Al surgir la idea de la cooperativa, tuvimos apoyo del intendente, de otras fuerzas políticas y de las cooperativas que se arrimaron enseguida, en especial la Río Uruguay”.

 

COMPRARSE A SÍ MISMOS

Una de las situaciones más paradójicas que les toca afrontar tiene que ver con la valuación de la empresa en liquidación para que puedan hacerse cargo de ella como cooperativa. En esa cotización, que fue realizada por una universidad privada, uno de los ítems más cotizados, es “su capital intelectual (es decir ¡su personal!)”. Mucho más que los bienes, del total de 15 millones de pesos que se consideró, casi un tercio (4,6 millones) corresponde a ellos, sus trabajadores. “Vamos a tener que pagar por nosotros mismos, así son las cosas”, dicen Marita y Pascual, con una sonrisa irónica en sus labios.

(*) Nota publicada en la edición gráfica de Análisis de Paraná de este jueves 26 de julio

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