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Amarras y agrotóxicos: desde Gualeguaychú acusan al fiscal Rodríguez Signes de "defender el interés de las corporaciones que nos envenenan"

El bloque oficialista del Concejo de la vecina ciudad emitió una dura declaración en la que cuestiona las declaraciones públicas del Fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes, al cual acusan de ser un representante "de los intereses de grupos minoritarios y privilegiados" en lugar de cumplir con su función constitucional de defender los intereses de la comunidad, el ambiente sano y la salud pública, que son el principal patrimonio del Estado Provincial. "Su concepto de patrimonio es netamente mercantilista y no avizora ni en su frontera más lejana el ambiente sano y la implicancia que este tiene en la salud y la dignidad de las personas", aseguran.

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El texto es el siguiente:

Sobre las declaraciones del fiscal de estado Rodríguez Signes

Hace apenas unos días, se conocía el fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre un tema que tuvo en vilo nuestra sociedad por largo tiempo. Se encontraban en pugna, por un lado el interés colectivo de una comunidad, para vivir en un ambiente sano y saludable, y por otro, millonarios intereses económicos asentados en un mega emprendimiento inmobiliario. La sentencia del supremo tribunal, no solo estuvo a la altura de las expectativas de nuestra ciudad, sino que además sentó un fortísimo precedente en materia de cuidado y protección del ambiente.

"Indudablemente, su concepto de patrimonio es netamente mercantilista y no avizora Signes ni en su frontera más lejana el ambiente sano y la implicancia que este tiene en la salud y la dignidad de las personas".

A raíz de ello, un medio periodístico local, entrevistó al Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Rodríguez Signes, quien se refirió a dos grande temas ambientales alcanzados por el precedente referido, uso de agrotóxicos y el mencionado emprendimiento ilegal, conocido como “Amarras”. A nuestros vecinos y vecinas, y porque no a cada entrerriano comprometido con su ambiente y con lo que éste significa como derecho humano para una vida digna, nos produjo una profunda y severa preocupación escucharlo. Ante todo porque éstas declaraciones no son inocentes. Tienen una intencionalidad manifiesta, y es necesario evidenciarlas para comprender de qué estamos hablando.

En primer lugar, preocupa el rol que tiene Rodríguez Signes como Fiscal de Estado. Es interesante recordar cuál es su función y, desde dónde opina, en apariencia, con liviandad, un funcionario de su envergadura. Y para ello recordar que el artículo. 209 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, establece que el Fiscal de Estado es el defensor del erario público y los intereses del estado provincial.

Ahora bien, entendido el rol en su contexto y vistas sus declaraciones, cabe preguntarse, ¿qué intereses defiende Rodriguez Signes? ¿Cómo desoye un fallo donde se reafirma la importancia de los humedales, su preservación, y se revalida en su mayor envergadura el principio protectorio ambiental, estableciéndose que en caso de duda siempre será la definición a favor del ambiente y del agua? ¿Son los intereses del Estado Provincial, entendido este como la sociedad en general y en consecuencia las comunidades que la componen, los mega emprendimientos inmobiliarios que destruyen nuestro ambiente, que se afirman en los negocios particulares de unos pocos, que avasallan los derechos constitucionales de los entrerrianos?

Entendemos por supuesto que no.

Esto no es menor, y es necesario que leamos la constitución de nuestra provincia, las veces que sea necesario, para exigir el cumplimiento de cada derecho que nos corresponde como comunidad.

"... debemos establecer los privilegios en cabeza de nuestros vecinos y vecinas y, de una vez por todas, erradicar la tibieza que por acción u omisión, siempre termina inclinando la balanza en favor de los poderosos".

Rodríguez Signes, el Fiscal de Estado de la Provincia, se expresó como si fuera representante de los intereses de grupos minoritarios y privilegiados. Su función es, eminentemente, defender el patrimonio del Estado Provincial. Indudablemente, su concepto de patrimonio es netamente mercantilista y no avizora ni en su frontera más lejana el ambiente sano y la implicancia que este tiene en la salud y la dignidad de las personas.

Desde el lugar otorgado por nuestra Carta Magna, es incompatible el modo en que se refiere a estos temas con su función. Su opinión es trascendente para quienes delegamos nuestra confianza en su labor. En consecuencia, nos resta pensar que su posición no es desinteresada, lo cual no sería un problema, si no fuera porque el interés que defiende es el de las corporaciones que nos envenenan y los negocios que destruyen nuestros ríos.

Quizás, en sus palabras y la defensa irrestricta que ha manifestado de la tibia postura adoptada por el Estado Provincial en este tema, se está avizorando – por ejemplo en el caso amarras-, la responsabilidad que ha tenido el Estado Provincial al respecto, y las consecuencias patrimoniales que de allí puedan desprenderse.

Debíamos a la sociedad, nuestra opinión al respecto de las declaraciones del Fiscal de Estado, porque nuestra convicción es ideológica y nuestro compromiso indeclinable, alcance a quien alcance. Sobre todo cuando consideramos que, las declaraciones de Rodríguez Signes, tienen por objeto condicionar las decisiones del Gobernador, ya que advierte la responsabilidad patrimonial que pueda existir en el caso Amarras a partir del fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para nosotros es escandaloso que el Fiscal de Estado de nuestra Provincia se refiera a temas tan delicados y costosos a la salud y la vida del pueblo entrerriano, acá no hablamos del interés patrimonial del Estado de la Provincia Entre Ríos, estamos hablando de la salud y la vida de los vecinos y vecinas que lo componen.

Estamos, indudablemente, en un periodo en que se enfrenta, desde las comunidades asentadas en nuestra Provincia, a los intereses comerciales concentrados que se han radicado en nuestro territorio; un plan de vida comunitario, enfrenta un status quo exclusivo y excluyente y, en consecuencia, es tiempo de definiciones claras.

Debemos hacernos cargo de nuestra historia y, si es necesario reparar nuestros errores. En consecuencia, debemos establecer los privilegios en cabeza de nuestros vecinos y vecinas y, de una vez por todas, erradicar la tibieza que por acción u omisión, siempre termina inclinando la balanza en favor de los poderosos. Desde el lugar que ocupamos, somos categóricos: Amarras es ilegal; los agrotóxicos matan.

Bloque de Concejales PJ Gualeguaychú

 

 

 

 

 

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