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Reclaman urgente la Ley de Humedales antes de que pierda estado parlamentario

Diversas asambleas ambientales, ONGs y universidades, reclaman urgente la sanción de la “Ley de Humedales”. En la Argentina existen 600 mil km2 de humedales, que representan el 23 por ciento del territorio nacional. Su tratamiento en el Congreso Nacional viene retrasado porque toca ciertos intereses económicos de desarrollos inmobiliarios y al sector forestal y agro-industrial entrerriano. De no sancionarse este año, pierde estado parlamentario.

 

Por GUADALUPE COLOMBO Y MARIO ROVINA de EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Su aprobación sería apenas un escalón pero la aplicación depende de una fuerte decisión política. La abogada ambientalista María Fernández Benetti dialogó al respecto en el programa “El Reverso” (Radio UNER FM 91.3).

 

– ¿Por qué este pedido urgente al tratamiento de la ley de humedales?

Quiero destacar que la Ley de Humedales es una ley de presupuestos mínimos, o sea, es una ley que tendría alcance nacional de ser sancionada. Es como la ley de bosques o de glaciares, que tuvieron su debate importante años atrás. Es una ley que marcaría una política ambiental uniforme para todo el territorio nacional. Esta ley ya obtuvo media sanción, o sea que ya paso por el Senado que la aprobó. En este momento se encuentra en la cámara de diputados y antes de votarla, pasa por diferentes comisiones que tienen que dar su dictamen positivo para su tratamiento en el Congreso. Actualmente se está discutiendo en la comisión de Asuntos Marítimos que preside el diputado Julio Solanas de Paraná (PJ), suponemos que va a entender la problemática, ya que es un hombre nacido dentro de un humedal, ya que Entre Ríos es un humedal. Así que estamos poniendo todo el esfuerzo en trabajar ahora dentro de las comisiones en diputados.

– Del 30 de noviembre pasado, cuando ingresa a la cámara de Senadores, hasta ahora ¿Qué pasó o que no ha pasado para que se trate?

El año pasado fue muy duro lograr esta media sanción en la Cámara de Senadores. Fue una ley recontra conversada, hubo un proyecto muy interesante elaborado desde las organizaciones que participaron pero ese proyecto tuvo obviamente muchos recortes. No es el texto que surgió originalmente desde las organizaciones porque se debatió, hubo muchas mesas de trabajo, se escuchó a técnicos, geógrafos, científicos que hablaron sobre la importancia de los humedales y logramos el texto que tenemos, que no es el mejor, pero es el que se pudo lograr en consenso.

Este texto -que ya viene recortado- está dando vueltas y medio cajoneado, porque es una ley que toca intereses económicos. Entonces, si nosotros desde las organizaciones, desde los territorios afectados, no impulsamos, no pedimos el tratamiento, nadie va a estar interesado. No hay un político, no hay un diputado, un senador que este impulsando directamente el proyecto. De no ser tratado este año, este proyecto pierde estado parlamentario el 30 de noviembre, o sea que deberíamos volver a empezar de cero con la ley, se caería el proyecto. Por eso es el apuro. Sabemos que este es un año muy complejo, estamos en elecciones y los legisladores no está con la cabeza puesta en esto, se reúnen muy poco, hay sesiones especiales solo para temas urgentes. Nosotros no podemos permitirnos pasar un año más sin la ley.

– ¿A quién se refiere cuando habla de intereses económicos?

Los humedales abarcan el 23 por ciento de nuestro territorio, o sea que es un número considerable de tierras que han sido con el tiempo, altamente impactadas y degradadas, porque los humedales son terrenos pantanosos o fangosos, están entremedio, no es agua pero tampoco es tierra firme. Los sectores inmobiliarios, por ejemplo, han comenzado a rellenar y ahora está lleno todo el cauce del rio Lujan donde se fueron asentando barrios náuticos. En la sumatoria de todos estos proyectos, devienen las grandes inundaciones que está sufriendo toda la zona de Lujan y alrededores.

En Entre Ríos tenemos un caso testigo: “Amarras Gualeguaychú”, un barrio privado que esta frenado por nuestro gobernador y en la Justicia. Para lograr este proyecto se deforestó 116 hectáreas de monte nativo, se terraplenó y subió la cota como 6 metros. El barrio actualmente está frenado, vamos a ver qué sucede ya que eso ya está en la Corte Suprema de la Nación y dependiendo de esos resultados -y que prospere o no esta ley- estamos en peligro de que esta dinámica de relleno de tierras para construcción de barrios asentados en zonas bajas prospere, en Entre Ríos más que nada en la zona del delta. Los desarrollos inmobiliarios, es uno de los grandes frentes que tenemos y que se discutieron en el senado el año pasado. Por otro lado, están los sectores forestales. Entre Ríos es una provincia forestal y esta ley propondría la no proliferación de especies exóticas en la zona de humedales, priorizando la recuperación y el mantenimiento del monte nativo. Y también todos los sectores de la agro-industria, por el tema de la producción de arroz. El uso de agrotóxicos sobre estos ecosistemas, estos ecosistemas son estratégicos, ya que son esponjas que tenemos para retener toda el agua excedente. Estamos en plena crisis de inundaciones y que vamos a seguir teniendo en reiterados años. O sea, que si seguimos rellenando, si seguimos desmontando, nuestra situación a nivel inundaciones, por ejemplo, se agravará. Y así mismo estamos poniendo en juego todas nuestras reservas de agua dulce, nuestros humedales son los que recargan las aguas subterráneas, o sea los acuíferos. Si estamos haciendo arroz con toda la cantidad de químicos que usa el arroz, eso va directo al agua y de ahí al agua subterránea.

-¿Cómo se está llevando adelante este relevamiento de humedales en nuestra Provincia?

El primer paso es decir que son los humedales y ubicarlos. Entonces ahí está la necesidad de hacer un inventario nacional de humedales, encontrarlos, definirlos geográficamente y luego clasificarlos. Y al momento de la clasificación no todos los humedales tienen las mismas características. Algunos son intocables. En el resto, hay poblaciones asentadas, o sea, no quiere decir que el humedal no vaya a poder ser utilizado en forma productiva, sino volver a años atrás cuando había otro tipo de prácticas. Una ganadería más extensiva, más familiar, porque si no, no resisten, esas zonas son muy frágiles y no resisten una ganadería intensiva. Estrictamente en nuestra Provincia – si nos vamos para el lado de nuestro delta y zona de islas- tenemos un montón de islas que han sido terraplenadas con el fin de recuperar tierras para hacer cultivos, se está haciendo soja en el medio de las islas. Esta todo el tema de nuestras islas fiscales, que es un tema que tampoco está zanjado en la Provincia, tenemos una ley que está queriendo salir y volver a regular el tema de islas fiscales. O sea, nosotros estamos re comprometidos, Entre Ríos es clave en el desarrollo de todo este tema de humedales, en lo que vaya sucediendo.

-¿Qué peticionan puntualmente desde la plataforma leydehumedalesya.org?

Esta plataforma que hicimos, leydehumedalesya.org, es donde quisimos resumir el proyecto que tiene media sanción. Si entrás al link está el proyecto que tiene media sanción, y después (los) comunicados que estamos haciendo circular por la prensa, y las notas que estamos mandando a nuestros diputados para pedir el urgente tratamiento. Y ahí también está el listado de todas las organizaciones que estamos atrás, porque hay muchas organizaciones de territorio, asambleas, científicos, la parte técnica y académica.

Y por otro lado, queremos trabajar fuertemente en que no es una ley anti productivista, sino justamente lo contrario. Si nos fijamos en un montón de índices y estudios que tenemos, toda la producción a gran escala que sufrimos en humedales con el tema forestal y la agro industria, hay un detrimento de las economías regionales. Entonces también, de salir esta ley protegería de alguna manera todas las producciones locales y regionales. Pero sería solamente un escalón, tener la ley es un escalón, una herramienta, podemos tener la ley y que no pase nada, esto va de la mano también de una fuerte decisión política de parte de los que van a aplicar la ley, los jueces y de nuestro poder ejecutivo a nivel provincial o nacional.

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